- En lo que va de este año se integraron once asuntos
- Caso Paco Chávez sigue en resolución de amparo, al igual que una docena más de asuntos
La Fiscalía Anticorrupción trabaja actualmente en 88 carpetas de investigación, once se recibieron en lo que va del presente año, para las cuales se han extendido varios citatorios a 120 testigos a fin de deslindar responsabilidades a funcionarios públicos, informó su titular Jorge Humberto Mora Muñoz.
Explicó que lo anterior se debe a que es necesario que antes de extender un citatorio es necesario acreditar la posibilidad de que haya alguna responsabilidad, ya que en ese caso deberán recibir asesoría de sus abogados, de igual manera decidieron no proporcionar demasiada información al respecto, a fin de no entorpecer las investigaciones.
Detalló que al momento estos llamados a comparecer no se han efectuado a titulares sino a responsables de áreas administrativas tanto de dependencias estatales y de alcaldías, igualmente de organismos descentralizados e inclusive autónomos.
En cuanto a la posibilidad de considerar un número determinado factible de judicializar las 88 carpetas de investigación, Mora Muñoz explicó que como resultados de las investigaciones hechas a cada caso se descubre que no existe un hecho que constituya un delito y se trata más bien de responsabilidades administrativas o que sí se generó algún perjuicio al patrimonio del estado, y en ese caso se busca que sea reincorporado ese recurso a las arcas estatales, aunque dijo desconocer el monto recuperado o en vías de que así suceda hasta el momento: “No tendría yo un aproximado porque existen acusaciones muy fuertes que derivado de la investigación han planteado que son 400 millones de pesos el desvío, y cuando comenzamos a analizar se observa que no es el monto de la distracción, sino de la aplicación de los recursos; entonces tenemos que determinar si hubo una distracción y de cuanto fue, o un ejercicio indebido en el caso del recurso público. Muchas veces no es que se lo hayan llevado, sino que lo destinaron a un rubro distinto a lo que debía canalizarse”.
Doce funcionarios protegidos bajo amparos
El procurador de justicia recordó que el caso del exdirector del Instituto de Educación de Aguascalientes, Francisco Chávez Rangel, el asunto se encuentra en manos de la justicia federal dado que existe un amparo en revisión en espera de que se resuelva; en este mismo caso se encuentran al menos una docena de exfuncionarios, pues inclusive hay quienes realizan este procedimiento jurídico hasta por el mero citatorio: “Esta situación nos viene a complicar el trabajo de investigación, pues tenemos que alterar un poco los tiempos en espera de que resuelva la autoridad federal a efecto de cerciorarse si están garantizando sus derechos humanos y en este caso los procesales”.
