Uno de los principales pilares de la democracia es la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones del Estado, a la par, son parte esencial para el combate a la corrupción y la impunidad. Hace unas semanas en el seno del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes (Sesea), en una reunión de la Comisión Ejecutiva, de la cual soy parte, en mi calidad de comisionado presenté una propuesta para emitir una recomendación no vinculante con el fin de que se realicen los cambios legislativos y reglamentarios necesarios para terminar con la opacidad en el Congreso local y que las actividades de las y los representantes populares se realicen bajo los principios de transparencia, máxima publicidad y de parlamento abierto.
El antecedente que detonó la realización de la recomendación en comento se dio hace unos meses, cuando representantes de los medios de comunicación fueron desalojados de un salón del Congreso del Estado en el que sesionaba la Comisión de Educación y Cultura, a petición de su presidente, cuando se discutía la iniciativa de ley para la creación de la Universidad Metropolitana de Aguascalientes. Cosa inaudita.
De acuerdo al artículo sexto de nuestra carta magna, toda información en posesión de los entes públicos de cualquier índole es pública y debe de prevalecer el principio de máxima publicidad, y solamente bajo casos especiales o de seguridad nacional se puede clasificar como reservada o confidencial; a la par de que el artículo decimoquinto del mismo texto constitucional señala que el Poder Legislativo debe regirse por los principios de Parlamento Abierto y debe de configurar mecanismos que garanticen el derecho humano del acceso a la información, la apertura del gobierno, la participación ciudadana y la rendición de cuentas; esta última regularmente la entendemos como la obligación de transparentar los recursos financieros que manejan los entes gubernamentales, pero también se refiere a que los servidores públicos nos informen a los ciudadanos las razones que motivaron su toma de decisiones en su hacer diario en el porqué y para qué.
Sin embargo, la normativa a la que está sujeto el Congreso de Aguascalientes obliga a los propios legisladores a guardar secrecía cuando una mayoría esté de acuerdo en reservar algún asunto; pero también es cierto que los propios diputados no han acatado la Constitución, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la ley local en la materia.
A la vez, esta recomendación será la prueba de fuego para que las y los diputados demuestren voluntad para tomar acción a partir de un exhorto hecho desde un órgano ciudadanizado, como es el Sistema Anticorrupción, y abonar a la vida democrática del Estado, transparentando el ejercicio de su encargo público como representantes populares. Ningún diputado ha respondido hasta el momento, ¿a qué le tendrán miedo al hacer las reuniones a puerta abierta?
Ojalá ésta sea la primera de muchas recomendaciones y ojalá todas sean atendidas por quienes deben escuchar.
Esta recomendación formalizada en el Comité Coordinador hace unos días, aun en su carácter de no vinculante, es de suma importancia, pues es la primera que el Sistema Anticorrupción emite a través de su Comisión Ejecutiva, insisto en ello porque su aprobación resulta de un trabajo colectivo, lo que hace ver que el sistema ha pasado ya el punto de erigirse para pasar a su etapa operativa, para realizar aquello para lo que fue creado, prevenir y combatir la corrupción. Habla también de la disposición de los titulares de las dependencias e instituciones que conforman el Comité Coordinador del propio Sistema para integrarla como parte del informe anual 2019, salvo quien votó en contra, el magistrado Rigoberto Alonso Delgado, presidente de la Sala Administrativa, ya que le pareció poco importante y hasta algo despreciable que nuestro estado migre a ser un Estado Abierto, y aclaro, no es asunto entre personas, así dicta la teoría moderna. ¿Qué pensarán los colegas de los medios de comunicación que fueron sacados a puntas de huarachazos de una discusión pública en el Poder Legislativo cuando al magistrado le importó muy poco? También es cierto que esperamos ansiosos las acciones emprendidas por la Sala Administrativa del Estado en el combate, prevención y sanción de la corrupción en el estado, que por presupuesto no pueden reclamar, ya van para su tercer año con seis millones de presupuesto anual y no han rendido cuentas. Empezar por hacer públicas sus sentencias y que exista Poder Judicial Abierto, sería una buena señal, señor magistrado. Ojalá me calle la boca.
