- El titular de la SSPEA aclaró que las transferencias del Cereso de Aguascalientes al de El Llano de 150 reclusos es porque han sido sentenciados
- Ceresos están al 90 por ciento de su capacidad
- De los 34 menores recluidos en el CEDA, el 30 por ciento están por venta de drogas, 20 por ciento por homicidio y un 10 por ciento por secuestro o violación
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPEA), Porfirio Javier Sánchez Mendoza, afirmó que no hay sobrepoblación en los Centros de Rehabilitación Social (Cereso) de Aguascalientes, por lo tanto los traslados de 150 reclusos del Cereso de Aguascalientes al de El Llano, corresponden a que les fueron dictadas las sentencias, no a una despresurización.
Porfirio Sánchez negó que la transferencia de internos del Cereso de Aguascalientes al de El Llano sea una medida para despresurizar los centros penitenciarios, sino que se trata de un movimiento de los 150 presos que han sido sentenciados últimamente, “El Cereso de El Llano es para personas que ya están sentenciadas, los que están en proceso son los que están en Aguascalientes”. Por lo tanto el titular de la SSPEA aseguró que no hay una sobrepoblación en los Ceresos del estado que están a un 89 y 90 por ciento de su capacidad.
En el caso del Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA), el titular de la SSPEA señaló que actualmente hay una población de 34 menores remitidos por diferentes delitos, pues el 30 por ciento de ellos están ahí por venta de drogas, un 20 por ciento por homicidio y un 10 por ciento por secuestro y violación, entre otros.
Sobre las quejas que ha habido por parte de familiares en la visita a los reclusos, Porfirio Sánchez indicó que es natural, pues la SSPME ha comenzado a hacer más revisiones, por lo que se han prolongado los tiempos de acceso al penal: “Nosotros tenemos que seguir unos protocolos que nos permiten la revisión para que no se introduzcan objetos no autorizados”.
En estas revisiones, informó el secretario, se ha localizado droga, teléfonos culturales, pilas y chips: “Todo va en contra de lo que está autorizado meter al penal, un teléfono celular ahí adentro se convierte en un negocio, lo prestan, lo rentan”.
Las revisiones son permanentes, según Sánchez Mendoza, sin embargo las quejas se han presentado cuando se ha afectado a los intereses de los reclusos: “Nosotros aplicamos los protocolos de seguridad que se tienen que llevar en todos los centros y a lo mejor eso causa molestias y un cierto sector pequeño quiere alterar toda la situación en los centros, pero vamos a continuar, la vamos a reforzar”.
El funcionario estatal explicó que también se trabaja en la detección de personal penitenciario que haya sido corrompido para dejar pasar este tipo de artefactos: “No vamos a permitir que policías penitenciarios estén involucrados en este tema”.
