Esta semana, el Congreso de Tabasco aprobó una reforma al Código Penal del estado para endurecer las penas a quienes impidan la ejecución de obras públicas o realicen bloqueos en las vías carreteras, una reforma que la opinión pública decidió bautizar como “Ley Garrote”.
La nueva ley pretende aplicarse en la tierra natal del Presidente, donde se llevará a cabo a la construcción de Dos Bocas, la faraónica obra del gobierno obradorista que ha sido desahuciada antes de nacer y a la que por cierto dicen, se opone un sector importante de la población de la entidad.
Más allá de la ironía de aplicar una reforma de este calado en la tierra de quien, siendo presidente del PRD en el año de 1991 encabezó la marcha del “Éxodo por la democracia” ante el presunto fraude en las elecciones y quien en 1996 realizó bloqueos en los pozos petroleros de Pemex, exigiendo indemnizaciones para campesinos y ejidatarios, la iniciativa forma parte de los ensayos y errores del gobierno para afianzar su permanencia en el poder.
El primer movimiento, inconstitucional y antidemocrático a todas luces, fue la “Ley Bonilla”, con la que se pretende extender el mandato del gobernador en Baja California de 2 a 5 años. Otro ensayo y otro error del gobierno, aunque Andrés Manuel se empeñe en decir que del asunto no sabe nada.
Resulta por demás preocupante la ignominia del presidente ante quienes lo señalan como el impulsor de estas leyes a modo. Un demócrata de su tamaño, considera, no merece ser siquiera señalado por la oposición como la mente detrás de los ensayos. “Eso es pura hipocresía”, dice él, porque la oposición fue la responsable de aprobar la extensión de mandato.
La realidad es que estamos ante un escenario aberrante, con tintes de corrupción, autoritarismo, influyentismo y persecución política de las ideas. Si el presidente, como jefe supremo y fundador del partido en el gobierno, no tiene idea de lo que pasa en sus bancadas, entonces estamos frente a un político ignorante y maleable, pero la realidad es que Andrés Manuel no es ni lo uno, ni lo otro.
López Obrador y su grupo, porque que hay que decirlo con claridad, se trata de un grupo identificable, ensaya en realidad las vías posibles, probables e incluso irracionales, para quedarse en el poder más allá de un sexenio. Lo grave es que en sus intentos han atentado contra los preceptos más importantes de la Constitución que garantizan las libertades y derechos de los mexicanos.
Las acciones del gobierno morenista deben llamarnos poderosamente la atención. Debemos reaccionar en todas vías, con todas las voces y de todas las formas, porque la protección de esos derechos y esas libertades conquistadas tras años de lucha, es fundamental.
Si el gobierno descalifica, debemos incrementar los argumentos. Si el gobierno atropella la ley, debemos seguir interponiendo recursos por la misma vía y usando los contrapesos institucionales. Si el gobierno tergiversa la realidad en el discurso, debemos seguir informando puntualmente a través de todos los canales a nuestro alcance.
El llamado debe movernos a cerrar filas, por el bien de México, por el bien de la democracia, por el bien de las libertades.
