En la nota anterior discutíamos sobre la ley de ingresos y la imperiosa necesidad de desmantelar, por la vía tributaria, los problemas de desigualdad que arrastramos desde que tenemos memoria. También se mencionó que en el paquete económico para el 2020 se presupuestó un monto de ingresos de 6,096,335.8 millones de pesos, cifra equivalente el 23.2% del PIB. Dada su magnitud, importa entonces conocer cómo se planea distribuir ese monto por el lado del gasto público.
En este orden de ideas, en la presente nota se analizará el presupuesto de egresos, desde una mirada económica; es decir, por el tipo (corriente y de capital) y destino de gasto (sueldos y salarios, bienes y servicios, inversión pública, etcétera). Antes, se debe señalar que con la clasificación económica se identifica el gasto de acuerdo con el proceso económico que entraña. Bajo esta mirada, es posible dimensionar los costos en que incurre el gobierno en lo que refiere a sueldos y salarios, el uso de bienes y servicios, el consumo de capital fijo (inversión pública e inversión financiera) y las transferencias en ingreso o especie que se hace a distintos sectores de la población.
En su monto total, el presupuesto de egresos aumentó un 0.4% respecto al 2019, en términos reales. Destacan el aumento en inversiones financieras, cuya variación supera el 59.3%, el aumento del 12.7% en el gasto de bienes muebles, inmuebles e intangibles, el aumento en 9.4% en materiales y suministros y el aumento del 3.9% en servicios personales. En contraste, queda en evidencia el castigo que reciben los estados y municipios en materia de participaciones y aportaciones, cuyo presupuesto disminuye en 0.6%, a la par de la disminución que se observa en la inversión pública, cuyo monto se redujo en un 5% respecto a lo aprobado para el 2019.
Del total del gasto, la mayor parte se destina a participaciones y aportaciones a estados y municipios (28%), siguiéndole en orden de importancia lo destinado a transferencias, asignaciones y subsidios (26%), los servicios personales (sueldos y salarios) (15%) y el pago de la deuda pública (intereses, comisiones, amortizaciones, etcétera) (12.4%). En esta estructura, el gasto en inversión pública tiene un peso relativo de apenas el 6% del gasto total.
Producto de este análisis del presupuesto en su clasificación económica, preocupa la reducción de la inversión pública, motivo por el cual, para finalizar esta segunda nota, se discutirá la importancia de este tipo de gasto para el crecimiento y dinamismo de la economía.
A través de la inversión pública el gobierno crea capacidades productivas para el porvenir. Las transformaciones productivas se generan producto de procesos de acumulación de capital fijo. Aumentar la formación de capital fijo, por la vía de la inversión pública, resulta pues una estrategia clave de desarrollo para superar las magras cifras de crecimiento económico. Contrario a lo que señalan los promotores de la reducción del tamaño del estado, la inversión pública crea expectativas en los empresarios, logrando un efecto complementario con la inversión privada. Actualmente, gracias al cúmulo de estudios empíricos recientes, existe un consenso en que sin inversión suficiente en infraestructura es imposible reactivar el crecimiento económico que, como hemos visto, en los últimos años difícilmente supera tasas del 2%, mediocridad que se anticipa se mantendrá para los años venideros.
El gasto de un peso en inversión pública genera un efecto de un peso o más en la economía. Estudios recientes que analizan el efecto multiplicador del gasto público en la economía encuentran que, al desagregar el gasto por tipo, ya sea corriente (como sueldos y salarios, bienes y servicios o transferencias) o de capital (inversión), la inversión pública tiene un efecto superior al del gasto corriente en el crecimiento de mediano plazo de la economía. El aumento de un peso en el gasto de inversión pública puede desencadenar capacidades productivas que provoquen en la economía un efecto superior al mismo peso invertido, con incluso una tendencia a aumentar en el mediano plazo. En definitiva, la estrategia productiva que emana desde el gobierno tiene que cambiar.
