- Este dinero no justificado se debe desde 2012, según el contralor del estado
- Sin embargo, el estado aún puede justificar el gasto y librarse de este adeudo
- Afirma contralor del estado que hasta cinco personas más podrían comparecer por el caso de la contratación irregular del despacho jurídico de Juan Collado por el IEA
El contralor del estado, David Quezada Mora, apuntó que de no solventar casos que se arrastran desde 2012 por irregularidades en el presupuesto público, el Gobierno del Estado de Aguascalientes podría pagar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hasta mil 380 millones de pesos.
Este viernes 13 de septiembre, el contralor del estado confirmó que la presentación del exdirector del IEA, Francisco Chávez Rangel, ante el Poder Judicial de la Federación corresponde a la contratación de un despacho de abogados que no era necesario debido a que el instituto cuenta con su propio equipo jurídico para atender temas como la compra de computadoras inexistentes a la Universidad Autónoma del Carmen, lo cual además tuvo un costo excesivo: “Es un expediente que se va a ir desahogando poco a poco con la parte administrativa que nos toca y la otra, la penal, ya está en los juzgados”.
Como lo señaló Quezada Mora, quienes trabajaban en esta dependencia ya fueron notificados como también lo fue Chávez Rangel, y actualmente presentan sus informes justificados para poder calificar la falta en todos los casos observados; para el particular de la contratación del despacho vinculado con Juan Collado, son entre cinco y seis los funcionarios o exfuncionarios señalados.
El contralor aclaró que el caso del IEA no es el único como tampoco es la única dependencia que cuenta con irregularidades ya sea administrativas o penales, que se irán desahogando poco a poco, como por ejemplo el caso del Instituto del Agua del Estado, donde se abrieron 70 expedientes en la pasada administración los cuales fueron presentados en su totalidad como denuncias penales.
Cuando es una falta grave, detalló David Quezada, la ASF debe seguirla por la vía penal. Actualmente todos los casos de la presente administración son administrativos, es decir, no graves, por lo que la totalidad de los casos que se siguen por la vía penal son de la pasada administración: “Ahorita los que tenemos de esta administración nos los han turnado a nosotros lo cual significa que podría ser una falta no grave, un sello que les falto, un proceso administrativo que les faltó, no es algo como un desvío de fondos”.
Los casos de la anterior administración tratados por la ASF, indicó el contralor, contemplan reintegros de recursos que en última instancia tendría que hacer el Gobierno del Estado: “Si de por sí no llegan los recursos y ahora regresarlos. Lo que estamos buscando es que nos dejen implementar los recursos penales y nosotros tratar de solventar si hay alguna obra que se hizo”.
En la situación extrema, es decir, si no se puede solventar un solo señalamiento de la ASF, el gobierno estatal podría reintegrar hasta mil 380 millones de pesos que se arrastran desde 2012, un monto al que Quezada Mora calificó como un monto muy alto correspondiente a varias observaciones, aunque prefirió no precisarlas.
Aunque, como lo apuntó, se podrían reintegrar mil 380 millones, el contralor, agregó que en total son 400 millones los que solicita la Secretaría de la Función Pública y el mismo monto ante la ASF: “Estamos trabajando en integrar los expedientes, levantar las actas circunstanciadas para poder justificar que la obra sí se llevó a cabo para la cual no hay un desvío marcado de millones y que no sea afectado el estado”.
