- Si aspiramos a tener una participación activa en los asuntos públicos, el derecho a acceder a la información pública es un medio para lograrlo
- Poner en manos de la gente información de utilidad y de interés, coloca a las personas en posibilidad de convertirse en vigilantes de la acción pública
El derecho de acceso a la información es una herramienta que permite a las personas exigir, por vías institucionales, sus derechos y mejores condiciones de vida para ellos y sus comunidades, planteó Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“Si deseamos tener una sociedad más justa, si queremos ejercer todos nuestros derechos ciudadanos, si aspiramos a tener una participación activa en los asuntos públicos, el derecho a saber, el derecho a acceder a la información pública es un medio para lograrlo”, afirmó la comisionada.
En el diplomado Transparencia, Acceso a la Información Pública, Gobierno Abierto, Rendición de Cuentas y Protección de Datos Personales, la comisionada subrayó que la utilidad social del derecho a saber estriba en que, a partir de información adecuada y oportuna, es posible incidir en la atención de las necesidades más sentidas de la población.
Al participar en la mesa El acceso a la información pública y la protección de datos personales como derechos para impulsar el ejercicio de otros derechos, Ibarra Cadena señaló que es imprescindible fomentar en los usuarios de este derecho las maneras para obtener mejor información, explotarla y vincularla con alguna situación o problema cotidiano, para lograr que los ciudadanos incidan en su entorno social: “Poner en manos de la gente información de utilidad y de interés, coloca a las personas en posibilidad de convertirse en vigilantes de la acción pública y poder exigir el cumplimiento de protocolos y reglas de operación”.
Durante el evento organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), Ibarra Cadena destacó el papel del INAI y de los institutos locales, como órganos garantes de este derecho, y el rol de la sociedad civil para incidir en los asuntos públicos: “Indiscutiblemente, la labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil para extender el conocimiento y ejercicio del derecho a saber resulta sumamente relevante, pues proporciona espacios de encuentro en los que la ciudadanía impulsa la visibilidad y atención de problemas sociales que aquejan a sus comunidades”.
La comisionada citó como ejemplo La Casa de la Mujer Ixim Antsetic, un proyecto de transparencia proactiva que promueve la apropiación del derecho a la información por parte de mujeres de los estados de Chiapas y Tabasco, para fortalecer su trabajo y avanzar hacia la exigibilidad de otros derechos.
Destacó el caso de Lázaro Cárdenas y Nuevo Egipto, comunidades del estado de Chiapas, que, a través de una solicitud de información pública a la Secretaría de Salud, supieron que el presupuesto destinado para el pago de médicos y medicamentos no se había sido ejercido en ocho años y a partir del acceso a esta información contaron con herramientas para la organización comunitaria y la exigencia del médico y medicamentos.
Destacó que el papel de la sociedad civil como un aliado estratégico para difundir y promover la utilidad social que tiene el derecho a la información en la sociedad mexicana.
La comisionada reiteró la pertinencia de impulsar esquemas de colaboración para que este sector cuente con vías institucionales que les permitan incidir en los procesos de toma de decisión, a fin de mejorar las estrategias de atención de las necesidades ciudadanas: “No cabe duda que el derecho a saber se ubica como un instrumento clave no sólo para incentivar modelos de gestión fortalecidos con información socialmente útil, también para la construcción de políticas públicas con enfoque de transparencia y con nuevas estructuras de oportunidades”.
Con información del INAI
