- Son insuficientes los espacios que ofrecen un mejor tratamiento para personas con alguna adicción
- El cierre de estos lugares se complica ante la reticencia de los familiares de los pacientes al no saber qué hacer con ellos
Funcionarios del estado reconocen los métodos “poco ortodoxos” de los lugares dedicados a la rehabilitación de las adicciones llamados Anexos, considerados por algunos como un mal necesario ante la aún insuficiencia de espacios donde se ofrezca un mejor tratamiento y el crecimiento constante de las personas con alguna adicción; además, el cierre de estos lugares que ya ha sido señalado por violentar los derechos humanos, se complica ante la reticencia de los mismos familiares de los pacientes al no saber qué hacer con ellos, a pesar del fuerte gasto que implica para las familias conservarlos ahí.
El secretario de Salud de Aguascalientes, Miguel Ángel Piza Jiménez, reconoció la existencia de centros clandestinos de rehabilitación de las adicciones, por lo que ahora toca a la dependencia, a través del área de Regulación Sanitaria parar esta situación, regularizarlos o clausurados, expresó a La Jornada Aguascalientes.
Apuntó que los también llamados Anexos deben trabajar dentro de la ley, por ello la importancia de que se denuncien aquellos centros de rehabilitación a adicciones que no cumplan con la normatividad de cómo debe funcionar un área dedicada a brindar un servicio de salud.
El titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Aguascalientes (Coprisea), Octavio Jiménez Macías, aceptó que la existencia de Anexos clandestinos o fuera de regulación se trata de un problema muy serio en el estado, aunque no proporcionó cifras.
“En la época de Calderón se crearon como una situación de emergencia nacional los Anexos, por eso estamos solicitando la intervención de otras instancias para tener información como antecedentes penales de los ingresados, que no haya al interior consumo de drogas; al DIF para ver la situación familiar; se trata de un problema de salud con varias aristas y la idea es que participemos todos en la solución de este problema”, señaló el funcionario.
El objetivo es que al momento que una persona acepta someterse a un tratamiento de rehabilitación, tenga el apoyo de todas las instancias para que esto suceda, dijo.
Aseveró que tienen perfectamente identificados los 85 anexos existentes en el estado, los cuales son verificados constantemente por la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), Agua Clara, el DIF y la Fiscalía del Estado; 85 dentro de norma, pero se desconoce el número y ubicación de los centros clandestinos.
En cuanto a los Anexos que verifican, si bien en ocasiones se detecta alguna situación irregular, resulta complicado proceder al cierre, el médico nos explicó el motivo: “Cerrar un anexo no es fácil, ¿a dónde mandas a los internos?, ¿a dónde?, ni los familiares los quieren y ése es un problema grave. Hemos hablado con los familiares y dicen no querer nada con esa persona; entonces ese es un problema grave. Es un problema de todos, no nada más del estado”, recalcó Jiménez Macías.
El secretario general de Gobierno, Enrique Morán Faz, aseveró que los centros de rehabilitación que coordina el estado a través del programa Reintegra da buenos resultados, ya que de cada diez personas que toman el tratamiento sólo tres reinciden, contrario a las estadísticas de clínicas particulares en donde solo tres se mantienen sobrios.
Recordó que los centros de Reintegra va dirigido a aquellas personas con alguna adicción y que cometieron un delito, y se tratan de ocho centros certificados por la Conadic, los cuales nada tienen que ver con los llamados Anexos.
“Ahí tiene que trabajar muy duro el sector salud, aunque a veces lo vemos como un mal necesario es muy crudo, no tienen precisamente los métodos más ortodoxos”, manifestó Morán Faz al reconocer que para muchas familias se trata de la única opción para atender a sus parientes con alguna adicción, pues son caros. Para un centro Reintegra cada paciente implica un gasto de alrededor de ocho mil pesos al mes, mientras que en los anexos de barrio piden a las familias 500 pesos a la semana más despensa, que igual les representa un gasto muy fuerte: “La familia decide llevarlos ahí porque no les queda otra, aunque saben que los golpean; el problema de violencia intrafamiliar está cada vez más fuerte y se tiene que atacar desde la raíz”.
