- En relación con el juicio político expedido por el Congreso de la Unión en contra de la LXIV Legislatura, el diputado Serrano Almanza aseguró que tal demanda no procede
- En la denuncia presentada se argumentaba que el nombramiento de Evo Morales como persona non grata violaba facultades de orden federal, así como derechos humanos
- Sigue en pie el nombramiento; se aclaró que no se prohíbe la entrada del expresidente, sino que, desde la LXIV se acordó que no es bienvenido
El 10 de diciembre se anunció que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ponía en la mesa un juicio político en contra de 21 diputados de la LXIV Legislatura de Aguascalientes. Según se entendió, el motivo por lo que se recurrió a la demanda fue por la actuación que tuvieron los legisladores del estado al violar las facultades del orden federal en relación con la condición jurídica de los extranjeros. Lo anterior sobre el punto de acuerdo llegado por la misma Legislatura el 28 de noviembre, en el cual se declaró al expresidente de Bolivia, Evo Morales, como persona non grata. Cabe recordar que en ese momento el exmandatario estaba bajo el asilo político de México.
La denuncia fue presentada por Atilio Alberto Peralta Merino ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, misma que posteriormente sería llevada a las Comisiones de Justicia y de Gobernación. En la demanda también se argumentaba que lo acordado por mayoría en la LXIV legislatura, relacionado con el nombramiento de Evo Morales como non grato, violentaba, además, los derechos humanos previstos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez se contemplan dentro de la Constitución Mexicana.
Los 21 diputados que fueron señalados son: Gustavo Báez Leos (quien presentó la misiva para el punto de acuerdo aterrizado), Elsa Amabel Landín Olivares, Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, Jorge Saucedo Gaytán, Karina Ivette Eudave, Salvador Pérez Sánchez, Guadalupe de Lira Beltrán, José Manuel Velasco Serna, Mónica Becerra, María Irma Guillén Bermúdez, Guillermo Alaniz de León, Paloma Amezquita, Luis Enrique García López, Patricia García, Gladys Adriana Ramírez Aguilar, Elsa Lucía Armendáriz, Juan Manuel Gómez Morales, Sergio Augusto López Ramírez, Mario Armando Valdez Herrera, Aida Karina Banda y Alejandro Serrano Almanza.
El diputado presidente del comité de administración, Alejandro Serrano Almanza, aseguró que tal juicio político requerido no procedía: “Bueno, ya la Cámara de Diputados acaba de emitir un veredicto en el cual, bueno, se rechaza por ser improcedente”. El legislador encargado del Distrito X relacionó que el nombramiento a través del punto de acuerdo que calificaba a Evo Morales como una persona non grata, va de la mano con la libertad de expresión; ello sin considerar que, según la denuncia, se estaban violentando facultades del orden federal, así como derechos humanos previstos por la Constitución.
“Creo que también es algo que hemos venido construyendo, ¿no? El tema de la libertad de expresión, yo creo que es un tema que también (…) hemos siempre exigido, justamente, no solamente para los diputados, sino para la propia sociedad. Que todos tengamos esa oportunidad de verter nuestras opiniones y que no tenga un enjuiciamiento político”, declaró Alejandro Serrano Almanza.
Según el diputado, el punto de acuerdo al que llegaron, en el que se catalogaba al expresidente boliviano como y generador de la inestabilidad económica/social, estaba basado en la recolección de “bastantes opiniones de la sociedad” que apuntaban a que se le estaba dando “un trato especial a un presidente que viene de un país, que viene… Pues… Corrido, literalmente”. El número de las opiniones recogidas de la ciudadanía no fue especificado, así como tampoco se explicó el proceso de selección de la muestra que tomaron.
El diputado insistió en que la demanda a juicio político fue improcedente, que realmente no se estaba infringiendo ninguna ley, sino que simplemente se trató de un posicionamiento que los diputados acordaron por mayoría. Dicho posicionamiento no prohíbe la entrada de Evo Morales a Aguascalientes, pero dado que no procedió la demanda, el nombramiento que se le dio el mes pasado sigue en pie y, por tanto, el expresidente no es “bienvenido” desde la perspectiva del Congreso de Aguascalientes.
