En días recientes, el Gobierno del Estado de Aguascalientes anunció el incremento de la tarifa del transporte público urbano de $7.50 a $9.50, con el argumento de que en tres años no se había autorizado ningún ajuste “a pesar de que los insumos para la operación de unidades han tenido movimiento al alza, como es el caso de combustibles, refacciones, mantenimiento vehicular, renovación de flota, personal y gastos administrativos, entre otros”. El gobierno asegura también que el aumento se debe al “avance en la supervisión de rutas para dar puntual salida a los operadores, especialmente en las de mayor demanda como la 20, 40 y 41”, así como a “la incorporación de rutas especiales y el cumplimiento de horarios” (LJA.MX, 14-12-2019). Similarmente, el Consejo Consultivo del Transporte evaluó de manera positiva el incremento debido a la adquisición de 180 unidades nuevas de transporte, lo que supuestamente equivale a 32 por ciento de la flota (Ibid.) Por otro lado, el ajuste tarifario ha motivado un amplio rechazo al considerarse injusto e inequitativo, pues la prestación del servicio de transporte público, más allá de renovar algunas unidades, no ha mejorado sustancialmente en términos de cobertura, confiabilidad, frecuencia, seguridad, etc. ¿Era necesario aumentar la tarifa o efectivamente se trata de una medida injusta?
En este espacio se ha escrito anteriormente acerca de los dilemas que suelen envolver las decisiones relacionadas con las tarifas de transporte público en México; a continuación, se retoman algunas consideraciones con la finalidad de aportar a esta discusión:
1) El falso debate acerca de qué es primero, el aumento de tarifa o la mejora del servicio, impide discutir de manera integral el reto fundamental de financiamiento del transporte público. La finalidad social del transporte público, es decir, proveer un servicio de transporte asequible para la población, difícilmente permite generar recursos suficientes para mejorar la calidad del servicio a través del pago del pasaje, pues, por un lado, una tarifa demasiado alta tendería a excluir a miles de usuarios -lo que incumpliría el objetivo principal de este modo de transporte-, y, por otro lado, una tarifa demasiado baja puede impedir cubrir los gastos de operación, lo que a su vez puede dificultar la mejora del servicio.
2) Por lo anterior, el transporte público suele encontrarse en un círculo vicioso: cuando la calidad del servicio empeora, el aumento de tarifa se vuelve aún más impopular, pues cualquier aumento podría percibirse como una recompensa inmerecida para los concesionarios; en otras palabras, un servicio de mala calidad hace el aumento de tarifa menos viable, lo que a su vez puede conducir a un peor servicio, lo que usualmente genera más resistencia a un incremento de la tarifa, y así sucesivamente. En ese contexto, es cierto que el aumento de tarifa puede ser una necesidad real, pero también que la tarifa debe mantenerse en niveles asequibles para no excluir a ningún usuario. ¿Qué hacer? ¿Aumentar o no la tarifa?
3) El problema no necesariamente está en mantener tarifas bajas, sino en la ausencia de mecanismos de compensación entre la tarifa técnica, es decir, el costo real de prestar el servicio en condiciones de calidad, y la tarifa que finalmente se cobra al usuario. Por lo tanto, la discusión debería enfocarse en cuáles podrían ser esos mecanismos que permitan, por un lado, mantener la tarifa en niveles asequibles, y, por otro lado, obtener recursos para mejorar el servicio. La ausencia de mecanismos de compensación hace que los concesionarios cubran la diferencia entre tarifas eliminando los costos de mantenimiento, aumentando las horas laborales de los choferes o reduciendo los horarios de operación. La experiencia internacional sugiere que los subsidios pueden ser un mecanismo efectivo de compensación, pero también otros mecanismos más innovadores como la captación de plusvalías para la inversión en transporte público, entre otros. ¿Qué mecanismos podrían funcionar en Aguascalientes?
4) La asignación de subsidios o el reparto de recursos adicionales a los concesionarios no sólo deberían estar sujetos a esquemas rigurosos que garanticen el uso transparente de los mismos, sino también, y especialmente, a la regulación efectiva y real del servicio de transporte público, para asegurar que éste se presta de manera segura, cómoda, confiable, etcétera. En ese sentido, al haber autorizado el aumento de tarifa, el Gobierno del Estado ahora está obligado, no sólo a renovar más unidades, sino a garantizar la mejora tangible y medible del servicio de transporte público de manera integral en el corto y mediano plazo; de lo contrario, dicho aumento se percibirá como una concesión hecha a los transportistas por razones ajenas a la calidad propia del servicio.
5) Es importante mencionar que un sistema de transporte público por lo general se compone de tres elementos: infraestructura, vehículos y operación; con el aumento de tarifa, valdría la pena que el Gobierno del Estado aclare qué avances se han logrado en relación con esos elementos. En términos de infraestructura, no existen obras terminadas para el transporte público, como carriles exclusivos o preferenciales en algunos corredores, estaciones de transbordo, terminales del sistema, etcétera. En materia de operación, poco se sabe de la supuesta transición del modelo hombre-camión a empresas profesionales debidamente constituidas, reguladas y monitoreadas, ni de un nuevo sistema de recaudo que permita gestionar los ingresos del sistema de transporte público de manera integrada, eficiente y transparente. En cuanto a los vehículos, hasta el momento el gobierno asegura haber renovado 180 unidades. ¿A dos años de concluir la administración, cuáles son los avances en materia de infraestructura y operación?
En conclusión, el aumento de la tarifa siempre debe ir acompañado de la regulación efectiva del servicio, transparencia en el uso de los recursos, y mejoras tangibles en la operación, la infraestructura y los vehículos del sistema de transporte público. En el caso de Aguascalientes, el tiempo dirá si dicho aumento realmente condujo a una mejora en la calidad de este servicio; lo cierto es que, en materia de movilidad, el manejo de la situación en términos sociales, políticos y mediáticos por parte del gobierno nuevamente ha resultado deficiente.
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