Recientemente, el Inegi presentó los resultados del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, los cuales se derivan del Sistema de Cuentas Nacionales de México y se muestran con desagregaciones en valores corrientes, a precios constantes, índices de precios implícitos e índices de volumen físico. Esto permite observar la dinámica de las entidades federativas y su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
En el año de referencia, los estados que reportaron el mayor crecimiento anual en su PIB en términos reales fueron Baja California Sur con una tasa de 17.2%, Quintana Roo 5.1%, Oaxaca 4.7%, San Luis Potosí 4.2%, Nuevo León 3.6%, Tlaxcala y Aguascalientes con 3.4% en cada entidad, Yucatán e Hidalgo 3.2% cada uno, Guerrero y Querétaro 3% en cada caso, todas las tasas con relación al 2017.
Entre los estados del vecindario regional, y a diferencia del resto de las entidades, Guanajuato apenas si creció con 1.2% y Zacatecas decreció -0.1%.
En el periodo en cuestión, los estados que presentaron aumentos por arriba del nivel nacional fueron: Baja California Sur con 17.2%, Quintana Roo 5.1%, Oaxaca 4.7%, San Luis Potosí 4.2%, Nuevo León 3.6%, Tlaxcala y Aguascalientes 3.4% cada uno, Yucatán e Hidalgo 3.2% individualmente, Guerrero y Querétaro 3% en cada caso, Jalisco 2.9%, Ciudad de México, Sinaloa y el Estado de México 2.7% cada uno, Colima 2.5%, Puebla 2.4%, Baja California y Veracruz Ignacio de la Llave 2.3% individualmente, y Tamaulipas con 2.2 por ciento. El resto de las entidades mostraron incrementos inferiores al del país, destacando los descensos anuales de Tabasco, Chiapas, Campeche, Nayarit, Morelos y Zacatecas.
Durante 2018, el PIB de las actividades primarias integradas por la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza alcanzaron 795,383 millones de pesos corrientes, cifra en la que Jalisco contribuyó con la mayor proporción con 12.5%, Michoacán de Ocampo 10.1%, Veracruz de Ignacio de la Llave 7.4%, Sinaloa 7%, Chihuahua 6.9%, Sonora 6.2%, Guanajuato 4.7%, Puebla 3.6%, el Estado de México 3.2%, Durango 3.1% y Chiapas con 3 por ciento. El resto de los estados participó con el 32.3 por ciento.
Sin considerar la minería petrolera, los estados en donde más crecieron las actividades secundarias (industriales) fueron: Nuevo León (10.3%) Estado de México (8.1%) Jalisco (7.5%) Coahuila (7%) y Guanajuato (5.8%); Querétaro, San Luís Potosí y Aguascalientes crecieron en su sector secundario al 3.4, 3.2 y 2.2%, respectivamente.
En el grupo de actividades terciarias (comercio y servicios) se generó en el 2018 un Producto Interno Bruto de 14´127,538 millones de pesos corrientes, de los cuales la Ciudad de México aportó 23.1% del total, el Estado de México 9.9%, Nuevo León 7.1%, Jalisco 6.9%, Veracruz de Ignacio de la Llave 4.5%, Guanajuato 4%, Puebla 3.1%, Baja California 2.9%, Michoacán de Ocampo 2.7%, Chihuahua y Tamaulipas con 2.6% cada uno. El 30.6% complementario se integró con el resto de los estados.
En la estructura porcentual Aguascalientes con el 1.1% de la población nacional aporta el 1.4% del PIB de las entidades federativas; cuando Zacatecas con el 1.4% aporta el 0.9%. La Región Centro Bajío Occidente, integrada por cinco estados y con el 16.6% de la población del país, aporta el 17.6% del PIB nacional, lo que habla de la productividad de la zona. Su excedente es superior al aporte de Zacatecas al PIB.
Para la Agenda 2030 es importante promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Para el Objetivo de Desarrollo Sostenible número ocho (ODS 8): sobre Trabajo Decente y Crecimiento Económico se deben presentar como testigos, una mayor tasa de crecimiento anual del PIB real por persona empleada y del PIB real per cápita.
Por eso postula: “La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo consumo producen una erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso. La creación de empleos de calidad sigue constituyendo un gran desafío para casi todas las economías”.
