- El Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes presentó un análisis acerca de lo que consideran los claros y oscuros registrados en México
- Incremento del salario mínimo podría permitir alcanzar la línea de bienestar que establece el Coneval
- Son negativas las acciones de terrorismo fiscal contra los empresarios y se inhibe la inversión
El Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes presentó un análisis acerca de lo que consideran los claros y oscuros registrados en México durante el año que concluyó, además de algunas de las asignaturas que consideran pendientes de desarrollar por el actual Gobierno Federal.
En la materia de Economía y mejores empleos, consideran que hay avances en la continuidad a los acuerdos de libre comercio con otros países; hubo incremento del salario mínimo permitiendo alcanzar la línea de bienestar que establece el Coneval, se observa como positivo el Plan de infraestructura 2020-2024 que contempla una inversión de 859 mil millones de pesos.
En cuanto a aspectos negativos en materia económica y empleos, se puede señalar que se registró un incremento nulo que se explica por factores internos como caída en la inversión, deterioro de sectores prioritarios como la construcción, estancamiento del consumo y un subejercicio de más de 150 mil millones de pesos; hubo un incremento en la desconfianza e incertidumbre entre los inversionistas por la cancelación de proyectos como el del aeropuerto de Texcoco; se aplicaron recortes en el ejercicio presupuestado, que han afectado el dinamismo de la economía, entre ellos al financiamiento de empresas, a la vivienda y al turismo y se dio la desaparición de las zonas económicas especiales.
Como agenda pendiente en el presente eje, se observa el incremento de la inversión pública productiva; el fomento del financiamiento e impulso al emprendimiento y que se adopten esquemas de medición que permitan incentivar la productividad de los colaboradores de las empresas, a fin de que puedan elevar su capacidad adquisitiva y de ahorro.
Por lo que respecta a Finanzas sanas y competitividad fiscal, se considera positivo que exista un superávit primario; que exista una baja inflación, estabilidad en el tipo de cambio, así como el combate a la venta de facturas apócrifas.
En el eje de Finanzas sanas y competitividad fiscal, se considera como lo negativo las acciones de terrorismo fiscal contra los empresarios y además señalan que se inhibe la inversión con elementos como la eliminación de la compensación universal y la Ley de Extinción de Dominio, asimismo el presupuesto de egresos prioriza proyectos con tintes clientelares, en perjuicio de programas exitosos, también se han debilitado los organismos autónomos.
En el presente eje se presentan pendientes como la conformación de un Consejo Fiscal Independiente, adscrito al Congreso de la Unión, que garantice una visión de inversión gubernamental de largo plazo y que evalúe la política de deuda y gasto público.
En materia de Seguridad, se califica como positivo la creación de la Guardia Nacional, así como la actuación contra las bandas criminales dedicadas al robo de combustibles.
Se considera como negativa la estrategia implementada por la actual administración que es prácticamente nula e inexistente; las acciones han sido insuficientes ya que en el año que concluye cerrará como el más violento de la historia; se registró una disminución en los decomisos de drogas y se presentó una reducción al gasto federalizado, en especial a municipios, reduciéndose su capacidad de enfrentar los problemas en materia de seguridad.
Pendientes que deja el 2019 en el presente eje son el otorgamiento de suficientes recursos para contar con una Guardia Nacional funcional y efectiva en el combate al crimen organizado; una reingeniería institucional que fortalezca en lo nacional y en lo local los mecanismos de coordinación, monitoreo y evaluación de las instituciones implicadas en materia de seguridad y, por último, crear una Academia Nacional de Policía que centralice los procesos de profesionalización y que contemple estándares de conducta que recompensen el buen desempeño y sancionen el incumplimiento.
En lo que se refiere al Estado de derecho, Combate a la corrupción y a la impunidad, es positivo que se haya logrado la aprobación de la Ley General de Austeridad Republicana, aunque se considera negativo el nombramiento del Fiscal General sin garantizar su independencia y autonomía, asimismo, los nombramientos de funcionarios en organismos autónomos, que son cuestionables por su cercanía al presidente de la República, además de la aprobación de la consulta popular y la revocación de mandato.
Los pendientes que quedan son: garantizar la autonomía de la Fiscalía General de la República, el asegurar la independencia y coordinación de las instancias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales Anticorrupción, así como que la reubicación de los recursos del Ramo 23 se de mediante mecanismos claros de asignación y mediante un escrupuloso esquema de rendición de cuentas.
En Educación de calidad e innovación, se observó com positivo retomar el sistema de información y gestión educativa, así como dar continuidad y fomento al Modelo Mexicano de Formación Dual.
Como aspectos negativos del eje de Educación de calidad e innovación, se observó que la Ley del Sistema de Carrera de Maestros no tiene mecanismos claros de evaluación de los docentes; la Ley para la Mejora Continua de la Educación centraliza los procesos y debilita la toma de decisiones en el ámbito local; la Ley de Infraestructura Física no regula en que autoridad o instancia recaerán las responsabilidades y se registró una baja inversión pública en materia educativa y recortes en programas, sobre todo en educación primaria, que han mostrado su efectividad como el de Escuelas de Tiempo Completo.
En el tintero se queda el garantizar la formación de calidad, desde la primera infancia, con capacitación, infraestructura y mejores condiciones laborales de docentes a partir de resultados, con evaluación integral eficaz; impulsar la excelencia y pertinencia de la educación media superior y superior, así como programas que la vinculen con las necesidades y oportunidades de los sectores económicos de alto potencial en México.
El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, para el fomento del desarrollo del sureste del país a través del corredor interoceánico, se consideró como positivo en materia de Desarrollo regional sostenible.
Se consideró como negativo el Decreto de desaparición de las Zonas Económicas Especiales, el cual paralizó inversiones, estimadas en los cinco mil 300 millones de pesos; el neocentralismo del Presupuesto de Egresos; la creación de la figura del superdelegado que resta poder político a las autoridades locales y, por último, que los programas de infraestructura regional no han probado su viabilidad económica ni ambiental.
Como pendientes, queda una estrategia integral de inversión pública que contemple necesidades de corto y largo plazo en todos los niveles de urbanización y acuerdos que generen ecosistemas regionales competitivos y sustentables acordes a su vocación.
Finalmente, en lo que se refiere a Salud y un México incluyente, se consideró como positivo la pensión para adultos mayores y el modelo de atención primaria de salud integral que se centra en la prevención, detección y tratamiento de enfermedades.
Se consideró como negativo el desmantelamiento de Prospera; el paso del Seguro Popular al Insabi, así como la eliminación de sus mecanismos de financiamiento; la desaparición del Fondo de Protección contras Gastos Catastróficos; las crisis en los Institutos de Salud y Hospitales de Alta Especialidad por falta de recursos para pagar sueldos y por medicamentos, por último, los recortes al programa de Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud.
En el presente eje se considera como pendiente el concretar un Catálogo Integral de Programas Sociales y Beneficiarios, así como una Cédula de Identidad Nacional, para erradicar la improvisación, redundancias y discrecionalidad de programas; implementar el Expediente Clínico Electrónico, que permita su portabilidad y el transitar a un modelo universal de financiamiento de la prevención y la salud con participación transversal del sector privado que cuente con mecanismos de regulación y rendición de cuentas.
