- El contralor explicó que la Contraloría del estado no tiene facultades para hacer una investigación correspondiente
- La denuncia sigue vigente en la Fiscalía Anticorrupción, y se dijo que de la Contraloría se turnaría hacia la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes (OFISA) para que desde ahí la trabajen
La semana pasada integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción entregaron una denuncia formal a la Fiscalía Anticorrupción en contra del exgobernador Carlos Lozano de la Torre, así como a quien también resulte responsable, por la operación que se consideró como un posible acto de corrupción derivado del reportaje de investigación realizado por Jennifer González y Mónica Cerbón titulado Operación Nissan II: la gran inversión que exprimió el dinero público de un estado.
La denuncia también fue interpuesta a la Contraloría del Estado, sin embargo, Dennys Eduardo Gómez Gómez, contralor, mencionó que como tal la dependencia a la que preside no es competente para hacer la revisión oportuna de la denuncia por lo que ésta tuvo que ser turnada al órgano interno de control de la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes (OFISA). “Como es un organismo descentralizado, a nosotros no nos corresponde hacer la investigación”, aseguró el funcionario estatal.
“No somos competentes para hacer la revisión”, señaló Dennys Gómez; por la falta de facultades, el contralor estatal dio a entender que en la Contraloría no se hará como tal una investigación de la denuncia interpuesta por Francisco Aguirre Arias, presidente temporal del CPC, y José de Jesús Suárez Mariscal, nuevo integrante del comité que entró para ocupar el lugar de la expresidente María Teresa Belmont.
No obstante, la denuncia contra Carlos Lozano de la Torre, y responsables de los beneficios que se le dieron a la empresa japonesa para construir la planta II de Nissan en Aguascalientes, sigue vigente. La denuncia fue puesta en marcha sustentando su base en el reportaje mencionado y como tal no hace un señalamiento a un delito en específico; de definir el tipo penal se encargarán las autoridades una vez que hagan las investigaciones pertinentes tomando como base el trabajo periodístico. “Nosotros creemos que lo documentado es un atraco al estado, una sistematización de la corrupción”, declaró Francisco Aguirre Arias momentos después de firmar la denuncia que se llevó a la Fiscalía Anticorrupción.
