- Asegura exdiputada que no hubo presión de Lozano de la Torre para votar a favor
La exdiputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Citlalli Rodríguez González, aseguró que siempre tuvo serias dudas respecto a la pulcritud de la iniciativa de reforma a la Ley Patrimonial que se propuso para dar atribuciones al entonces gobernador Carlos Lozano de la Torre, para la compra y donación de terrenos que devino en los privilegios que se le otorgaron a la ensambladora japonesa para la instalación de su segunda planta automotriz.
Recordó que ella junto con otros seis diputados del PRI de la LXI Legislatura decidieron no avalar la propuesta, al igual que hizo el representante del Partido de la Revolución Democrática; la diferencia estriba en que el perredista votó en contra y los otros siete diputados priistas se abstuvieron de emitir su decisión y simplemente abandonaron el pleno legislativo: “El tema en concreto lo desconozco en cuestiones técnicas o de si hay veracidad o no de lo que se está comentando. Veo que se hizo una investigación muy minuciosa que aplaudo”.
Aseveró que, como diputada, cuando algo no le cuadra, sin importar si ella es del partido en el gobierno o de oposición, si hay presunción de corruptela, es mejor abstenerse de votar o hacerlo en contra.
Negó que el entonces Ejecutivo haya tratado de presionar al PRI como bancada, pues solo se dieron varias reuniones de trabajo entre los integrantes de los diferentes grupos parlamentarios, pues para lograr el consenso se pretendía que se votara por unanimidad; finalmente pasó con 19 votos gracias al apoyo de las bancadas de Acción Nacional y Nueva Alianza.
La priista consideró que la investigación titulada Operación Nissan II dará mucho de qué hablar, y espera que se haga justicia si hay algo, además de que se resarza el daño, pues no basta con “ser políticos en la tribuna, sino que hay que demostrarlo en los hechos”.
Apuntó que en la era de la transparencia y la rendición de cuentas debe ser parejo, sin importar el color del partido debe afrontar la responsabilidad, pues desde los regidores hasta el presidente de la República deben de rendir las cuentas más transparentes, aunque aún cuenten con fuero.
