- El gobierno de Peña Nieto escondió estudios cruciales que indicaban la viabilidad financiera del Seguro Popular. El contenido de los contratos obtenidos por la familia Farell fue reservado hasta 2027.
EMEEQUIS/Linaloe R. Flores
En 2015, durante el tercer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) clasificó como reservados hasta 2027 dos estudios sobre valuación financiera y actuarial, realizados por una empresa ligada a la familia Farell, apellido de raigambre priista, cuyo contenido revelaría si el Seguro Popular era sostenible para el periodo de proyección 2016-2025.
La revelación de estos estudios, que costaron más de 800 mil pesos, resultaría crucial frente a las lagunas que hay en la historia del Seguro Popular, el programa para brindar atención médica a la población sin empleo, iniciado hace 16 años por el entonces presidente Vicente Fox Quesada y continuado en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
El monto total de los trabajos realizados por esta consultoría para el Seguro Popular alcanzó los 2 millones de pesos, según pudo constatar EMEEQUIS en la plataforma Compranet.
La consultora de Farell
Farell Grupo de Consultoría fue la encargada de hacer estas valuaciones financieras y actuariales por 838 mil 760 pesos a través de dos contratos. La firma fue fundada y es dirigida por Rosa María Farell Campa, hija de Arsenio Farell Cubillas, fallecido en 2005 y quien fue secretario del Trabajo y Previsión Social en los sexenios de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988- 1994), así como de Contraloría y Desarrollo Administrativo de México durante la mayor parte del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1995-2000).
Arsenio Farell Cubillas también fue padre de José Arsenio Farell Campa, señalado como uno de los principales operadores de la supuesta red financiera creada por Raúl Salinas de Gortari –el hermano mayor del expresidente Carlos Salinas de Gortari– en Suiza para transferir recursos de procedencia ilícita en 1994.
El 21 de enero de 1999, Raúl Salinas de Gortari fue sentenciado a 50 años de prisión por la autoría intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, su cuñado y exgobernador de Guerrero. En ese juicio, declaró en su contra su compañera sentimental, María Bernal. Así, las cuentas en Suiza quedaron expuestas. Posteriormente, Raúl fue liberado en 2005 tras pasar 10 años en prisión (fue detenido en 1995).
¿Sobre qué eran los estudios?
Uno de los estudios se basó en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, de acuerdo con la siniestralidad registrada y los padecimientos que generaban este tipo de erogaciones, y el otro en la prima del programa con la consideración de la cartera del Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes).
Cuando sean desclasificados, Andrés Manuel López Obrador tendrá tres años de haber concluido su gestión en la Presidencia de la República. En cuanto al equipo de Enrique Peña Nieto, habrá pasado casi una década de sus días en la Administración Pública Federal.
Argumentos para esconder resultados
Según el comité de transparencia de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud dar a conocer “la suficiencia del sistema” y “los recursos disponibles” pudo provocar que alguna Organización no Gubernamental o la misma Cámara de Diputados incrementara “las solicitudes y la presión” para incluir nuevos tratamientos, cuando no se disponía “del recurso necesario para ello”. Así consta en el acta de la decimoprimera sesión ordinaria, localizada en el Índice de Expedientes Reservados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En esa acta, el Comité de Transparencia de la CNPSS dejó asentado que, en 2015, el Seguro Popular carecía de recursos para ampliar su catálogo de enfermedades atendibles y no hubiera resistido “la presión social” para incluir tratamientos como diálisis peritoneal y hemodiálisis para los pacientes con insuficiencia renal crónica; renta de prótesis, servicios de enfermería o cuidadores, así como traslados en ambulancia aérea y terrestre.
En esa época, la titular de la Secretaría de Salud era Mercedes Juan López.
Empresas consentidas del gobierno de EPN
Mientras los estudios de la viabilidad financiera del Seguro Popular se guardaban bajo reserva, de 2013 a 2016, más de 38 millones de pesos fueron utilizados en eventos, campañas en televisión y un centro cibernético de datos. Los contratos para obtener estos servicios siempre fueron otorgados por Adjudicación Directa a empresas que se distinguieron por ser “consentidas” en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Six Sigma Networks México, de la empresaria María Asunción Aramburuzabala Larregui, presidenta del Consejo de Administración de Grupo Tresalia, se llevó una tercera parte de esta serie de gastos, a través de su empresa de tecnología, con dos contratos que sumaron 12 millones 543 mil 965 pesos, por montar un centro de datos para el procesamiento y almacenamiento de información.
Para empresas televisivas se fueron 17.2 millones de pesos del Seguro Popular, para difundir campañas como “Logros del Sistema Nacional de Salud, versión Seguro Popular”.
Esa campaña se lanzó en 2015, justo cuando la crisis del sector salud quedó en evidencia con más de 900 mujeres que dieron a luz en las banquetas cercanas a las áreas de urgencias o los patios de los hospitales. Dos años antes, José Sánchez Carrasco –un jornalero de 38 años de edad– falleció en las afueras del Hospital General de Guaymas, Sonora, después de días en agonía porque no tenía dinero para ser atendido.
En 2016, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertó en una serie de estudios sobre los sistemas de salud en México sobre el déficit de profesionales y camas en los hospitales mexicanos. Había tres médicos por cada 2 mil ciudadanos, cuando la recomendación de la Organización Mundial de Salud (OMS) era de dos o tres por cada mil. Mientras que sólo había 83 mil 33 camas para 112 millones de habitantes.
También alcanzó para servicios gourmet
En el Seguro Popular, los eventos y servicios gourmet no se detuvieron. De 2013 a 2016, siempre por Adjudicación Directa, 15 contratos fueron otorgados a las empresas Congresos, Convenciones & Eventos, Creación de Eventos &, Rucova Trading y Construction and Services, entre otras. En ello se gastaron 8 millones 412 mil 637 por mobiliario, vestuario especial y banquetes para talleres y congresos.
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