- Es urgente que el Gobierno federal defina lo más pronto posible cómo se integrará la Comisión encargada de recibir y determinar la procedencia de las solicitudes de amnistía
En medio de la contingencia por Covid-19, la defensora expuso en entrevista que, una vez que entró en vigor la Ley de Amnistía, el pasado 23 de abril, es urgente que el Ejecutivo federal integre la Comisión sin agotar el plazo de 60 días hábiles que por ley tiene, a fin de acelerar las liberaciones de personas vulnerables que permanecen en prisión.
La vocera de Equis, Justicia para las Mujeres consideró que los tiempos marcados son largos: 60 días hábiles para crear el órgano encargado de dar trámite a las solicitudes de libertad y un periodo de cuatro meses para analizar las peticiones, lo que indica que quienes podrían ser beneficiadas permanecerán en prisión durante la pandemia.
Además, Viridiana Valgañon señaló que en medio de la contingencia sanitaria es importante tener resultados, por ello hizo un llamado para que, de manera inmediata, se conforme este órgano cuya tarea principal será hacer justicia a grupos de la población que históricamente han sido vulnerados.
Lento control de la pandemia
El objetivo de esta norma, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2019, fue otorgar la libertad a personas que injustamente están en prisión, por ejemplo mujeres que tuvieron un parto fortuito o una emergencia obstétrica; mujeres que fueron obligadas por sus parejas o familiares a transportar drogas o que cometieron un ilícito por pobreza.
Ante la emergencia sanitaria, el Senado decidió retomar la discusión de esta ley, que aplazó desde diciembre de 2019, y finalmente en abril aprobó el dictamen para abonar al descongestionamiento de las cárceles, donde hay sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad, carencia de medicinas, personal médico e infraestructura, a lo que ahora se suma el riesgo de contagio de COVID-19.
No obstante, además de los prolongados plazos para hacer efectiva esta norma, tampoco hay indicios de cómo se debe conformar la Comisión encargada de recibir las solicitudes de libertad ni de cuáles serán los procesos a seguir para presentar las peticiones, es decir, explicó la abogada, todo queda en manos del Ejecutivo.
Para esta organización especializada en el acceso a la justicia para todas las mujeres, el ideal es que el Gobierno federal considere que el órgano debe estar conformado por las instituciones que cuentan con información sobre las personas reclusas que podrían obtener la amnistía.
Algunas instituciones que en opinión de Valgañon podrían integrar la Comisión son la Fiscalía General de la República, los jueces penales y de ejecución del Poder Judicial de la Federación, el Subsistema Penitenciario y de Reinserción Social y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Además, con la finalidad de atender de forma adecuada a grupos específicos de la población, también se debería integrar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Defensoría de Oficio del Consejo de la Judicatura Federal, entre otras.
Efectos limitados para las mujeres
El decreto de la Ley de Amnistía indica que podrán ser beneficiadas de este mecanismo de libertad las personas procesadas o sentenciadas ante tribunales federales, siempre que no sean reincidentes y solo si cometieron delitos como aborto, homicidio en razón de parentesco, robo simple y sin violencia, portación o transporte de pequeñas cantidades de drogas o sedición.
De acuerdo con las Comisiones dictaminadoras del Senado, la población no reincidente del fuero federal es de más de mil 830 personas que representan 73 por ciento de la población total privada de la libertad del fuero federal en los centros penitenciarios. Es decir, en opinión de algunos integrantes del órgano legislativo, estas personas podrían ser potencialmente beneficiadas.
Sin embargo, un análisis de Equis, Justicia para las Mujeres, con base en datos de censos de 2016 y 2019 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), considera que en el país hay 4 mil 600 personas recluidas por delitos en el fuero federal que podrían ser beneficiadas.
*4,600 personas recluidas por delitos en el fuero federal
*69 mujeres acusadas de posesión simple de drogas
*9 mujeres indígenas que no contaron con un intérprete
*Sin dato de personas con enfermedad crónica
*16 mujeres adultas mayores
*293 mujeres jóvenes de 18 a 25 años de edad
*Ninguna mujer por el delito de aborto
*113 personas (mujeres y hombres) que son hablante de lengua indígena o extranjera
Hasta ahora, Equis, Justicia para las Mujeres, considera que una forma de acelerar la aplicación de la ley es hacer un formato que pueda ser distribuido en los penales y en redes sociales para que las personas interesadas anoten datos básicos como: nombre de la persona, número de expediente, delito que se le imputa, una relatoría de hechos y el supuesto de la ley en el que entra su caso.
Esto a fin de que una vez que se tenga el proceso para recibir solicitudes los trámites sean más rápidos y eficientes; incluso que pueda ser por medios electrónicos o por teléfono, ya que este mes México atraviesa por la fase 3 de la pandemia, es decir, por el periodo de ascenso rápido en el número de contagios.
Anayeli García Martínez | Cimacnoticias
