- El presidente pretende concentrar el máximo poder antes de perderlo en las urnas
- Impugnarlo está en manos de gobernadores, alcaldes y legisladores federales: Alejandro Madrazo
Con el decreto publicado este lunes 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación con el cual el presidente de la República dispone del Ejército y la Marina como fuerzas complementarias y permanentes a la Guardia Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pretende concentrar al máximo el poder antes de que las urnas logren quitárselo a través de un mecanismo a todas luces inconstitucional, que sólo podrá ser impugnado por los gobernadores, alcaldes o por la minoría parlamentaria del Congreso de la Unión, señaló el doctor Alejandro Madrazo Lajous, abogado y profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Región Centro.
Destacó que con dicho decreto, el presidente acabó aceptando lo que negó durante el último año: su intención de militarizar la Seguridad Pública. Si bien se dijo sorprendido de que finalmente la Federación se atreviera a reconocer abiertamente su intención de militarizar el país al dar atribuciones a la Guardia Nacional, a la Marina y el Ejército para vigilar y detener personas, y participar en operativos a nivel municipal, “¡Fuera máscaras, es militarización y es abierta la militarización!, expresó.
Si bien este abrirse de capa por parte del Gobierno federal es sorprendente para el investigador, quien luchó desde la sociedad civil por la no militarización del país y evitar la creación de la Guardia Nacional, lo que no le sorprende es el acuerdo mismo que pretende hacerse de la “vista gorda” respecto a lo que mandata la Constitución respecto al uso de las Fuerzas Armadas, lo que hace este decreto, a todas luces, inconstitucional.
“El transitorio quinto que es el que invocan para emitir este acuerdo es muy claro en establecer que el uso de las Fuerzas Armadas debe ser extraordinario, regulado, fiscalizado y debe ser subordinado; es decir, que debe de haber normas y parámetros para la utilización de las Fuerzas Armadas en la vía pública, este acuerdo no establece una sola regla para regular su actuación. La Constitución dice fiscalizado y no establece un solo mecanismo para ellos; la Constitución dice extraordinario y el acuerdo lo que hace es hacerlo para todos, en todo momento y durante todo el sexenio, no establece objetivos específicos, no establece una territorialidad específica y va parejo hasta el final del sexenio. Por último y es lo más preocupante, es que dice subordinado al mando civil, pero el acuerdo señala que a la hora que quiera el secretario de Seguridad Pública, lo que hace es que en lugar de instruir a los secretarios de la Defensa y la Marina que se reporten con el de Seguridad Pública para subordinarse a él, lo que hace es ordenar al secretario de Seguridad Pública que se reporte con el secretario de la Defensa para coordinarse”, recalcó.
Es precisamente a través de la palabra “coordinación” la que, para el abogado, está la trampa, al recordar que fue el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, el primero es utilizar esta palabra para que finalmente significara el sometimiento de las fuerzas estatales y municipales a los mandos militares, “lo que hacen es retomar el vocabulario de la época calderonista, que era un eufemismo para hablar del sometimiento de las fuerzas civiles a las militares”, advirtió.
-Ante esta cantidad de elementos inconstitucionales, ¿hay posibilidad de llevarlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
-La Corte parece que está actuando correctamente, el problema es que para llegar a la Suprema Corte se necesita que sea un gobierno el que lo presente ante la Suprema Corte, porque un amparo es muy lento y puede llegar hasta que acabe el sexenio; entonces tendría que ser una controversia de constitucionalidad y solo los gobiernos tienen acceso a ella, ya sean las minorías parlamentarias, los gobiernos municipales o estatales. Aquí la cuestión es que es muy difícil que estos actúen, los estados y los municipios tienen el Ejército metido hasta la coronilla, ¿quién va a ser el guapo que se atreva a cuestionar la intervención militar cuando ya están militarizados? En el caso de las minorías parlamentarias, quienes podrían impulsar una acción de inconstitucionalidad, tendrían que conjuntar un tres por ciento, a mi me parece un número muy elevado para que llegue a la Suprema Corte, ojalá llegue a la Suprema Corte, porque sí creo que el acuerdo es una burla a la Constitución.
Consideró que podrían ser los gobernadores panistas quienes podrían empujar una controversia constitucional, pero en general, al referirse a los ejecutivos estatales y alcaldes, en el país son pocos los que tienen la integridad suficiente para enfrentarse a un Gobierno federal tan prepotente como ha sido en los últimos lustros.
“Sí es lo que debería hacer, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, yo quisiera ver quién es el guapo que tenga la integridad suficiente para defender la Constitución e impugnar” expuso al recordar que finalmente el gobernador de Aguascalientes acabó celebrando la entrada de la Guardia Nacional.
-¿Es casualidad que se publique este decreto en medio de un escenario de emergencia sanitaria?
-Creo que estamos claramente en lo que Naomi Klein llamaba la Doctrina de Shock, y es que en medio de una crisis impulsar una agenda que transforma las reglas del juego. Cuando acabe la crisis sanitaria ya van a haber reglas distintas y ya nadie va a saber cómo jugarla más que los que impulsaron la reforma. Están aprovechando la crisis sanitaria y la crisis económica del país para concentrar el poder en manos del presidente de la República y el Gobierno federal, sin duda lo creo. También creo que están asustados por el pésimo manejo de la crisis sanitaria y económica, lo que va a afectarles en las elecciones del 2021; lo que veo es un Gobierno que está haciendo su máximo esfuerzo por concentrar al máximo el poder antes de que las urnas logren quitárselo.
