- Ante una situación de emergencia sanitaria como la que plantea la actual pandemia COVID-19, el auxilio a la población constituye una función prioritaria para el Estado, por lo que instituciones públicas, sector privado y sociedad debemos actuar en forma conjunta, con el fin de contar con un proceso gradual y ordenado de recuperación y estabilidad en el menor tiempo posible.
Desde la perspectiva de apertura se reconoce a la transparencia y al acceso a la información como elementos del Estado Abierto. En estos momentos estos pueden contribuir a salvar vidas y generar confianza entre la población, a partir de la capacidad de respuesta de gobiernos, de autoridades, de instituciones junto con el sector privado. Un rol proactivo, comprometido e íntegro del sector social, empresarial y académico es fundamental para lograr que la información relacionada con el COVID-19 llegue a todos los sectores afectados.
La población debe poder acceder de manera sencilla, remota y centralizada a información estandarizada que le ayude a tomar mejores decisiones. Desde qué hacer y dónde acudir, qué medidas tomar, a qué apoyos pueden acceder, qué programas sociales existen, consultar estadística pública sobre hospitales, pruebas, disponibilidad de recursos, población más afectada, hasta consultar el presupuesto detallado desde el origen y hasta el destino.
Por lo anterior, presentamos el siguiente Decálogo de acciones de apertura y anticorrupción para todas aquellas instituciones que ejecutaron, realizan o están por emprender acciones relacionadas con la emergencia sanitaria por COVID-19, y que involucran el ejercicio de recursos materiales, financieros, económicos y humanos. Este Decálogo aplica tanto para instituciones públicas como privadas que están comprometidas con las acciones de apertura y anticorrupción que demandan sus comunidades:
- Concentrar en un solo punto digital (por institución u organización responsable de la administración del sitio), la información completa vinculada al COVID-19, con la debida protección de datos personales. Incluir sustento normativo de la toma de decisiones, acciones y colaboraciones realizadas.
- Usar lenguaje sencillo, incluyente, focalizado, considerando lenguas indígenas y accesibles para personas con debilidad visual y ceguera, o con algún tipo de discapacidad.
- En el caso de los sujetos obligados a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a las leyes locales en la materia (incluyendo asociaciones civiles, fideicomisos y partidos políticos), actualizar en sus portales de internet la información de transparencia que les aplica por ley que esté vinculada con la emergencia por COVID-19.
- Responder a las solicitudes de información y visibilizar las respuestas realizadas, a través de las plataformas oficiales de transparencia, aplicaciones o cualquier medio electrónico. Agrupar las respuestas a través de preguntas frecuentes respecto a COVID-19 o temas de interés, colaborarán con la visibilidad de la información.
- Atender las recomendaciones de las organizaciones especializadas de la sociedad civil en la región para la toma de decisiones en materia de apertura de datos y transparencia presupuestaria. Incluyendo partidas, recursos, convenios o acuerdos, asignados a la atención del COVID-19, así como las transferencias presupuestales recibidas por distintas instituciones públicas y donaciones de los sectores privados o internacionales.
- Promover acuerdos para la participación ciudadana a distancia y colaboración en los mecanismos de control y monitoreo de compras relacionadas con COVID-19.
- Difundir la información respecto a COVID-19 a través de documentos oficiales y en formatos de datos abiertos, de manera que otorgue certeza jurídica, pueda ser más accesible, legible por cualquier máquina y sea reutilizable. Esto con el objeto de que las acciones, programas, así como sus reglas de operación, se publiquen en documentos oficiales y no solo boletines de prensa o videos.
- Instrumentar medios alternativos (a los digitales) para la comunicación y difusión de información relacionada con COVID-19, por ejemplo, radios comunitarias, transporte terrestre con altavoces, entre otros.
- Promover y difundir por diversas plataformas de comunicación (redes sociales, medios, newsletter, conferencias de prensa, etc.) las acciones de apertura, transparencia proactiva y anticorrupción implementadas. Evitar promoción personal de las personas funcionarias.
- En el caso de las instituciones u organismos del sector privado que dispersen apoyos para afectados por COVID-19, habilitar un micrositio para transparentar y rendir cuentas sobre el total de donativos recibidos, especificando -al menos- su origen, montos y listado de beneficiarios; esto como una buena práctica que abona a la confianza.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
