En la política actual estamos familiarizados con el principio de paridad, así como con la lucha incesante del empoderamiento del género femenino, sin embargo, hay otros grupos vulnerables además de la mujer que exigen igualdad de oportunidades.
Las personas con discapacidad han sido sistemáticamente ignoradas en la vida cotidiana, en política son invisibilizadas en ocasiones de forma inconsciente, incluso siendo víctimas de rechazo en los partidos políticos y en la sociedad, basta echar un vistazo al interior de las fuerzas políticas y contabilizar el número de personas con discapacidad en cargos de dirección.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid 2018), de las personas de 5 años o más que habitan en el país, 7.7 millones tienen discapacidad. En consecuencia, se requiere un reenfoque de la democracia, redireccionándola a un sistema incluyente de todas y todos, donde se sume el universo de grupos vulnerables.
En cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, la Ley General de Inclusión y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, establecen como obligación del Estado mexicano generar las condiciones necesarias para que este grupo vulnerable pueda ejercer de forma plena y en condiciones de igualdad sus derechos.
Dentro del catálogo de derechos de las personas con discapacidad, están los político-electorales, al establecerse en la citada Convención, que es obligación del Estado asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y participar de manera efectiva en la vida democrática del país, en igualdad de condiciones, ya sea de forma directa o a través de representantes libremente elegidos, incluida la posibilidad de votar y ser votados.
Por ello, los partidos políticos, las instituciones electorales, gobierno y sociedad, estamos obligados a procurar, proteger y maximizar los derechos de las personas con discapacidad, colocando la atención en la persona y no en su discapacidad, poniendo en la palestra que la sociedad está compuesta por seres humanos con distintas características y cualidades, que per se, no determinan su valor.
Aunado a ello, en la justicia electoral, se cuenta con un principio denominado “paridad flexible”, herramienta que incluso debe anteponerse a la paridad para lograr su finalidad, que es visibilizar en cargos de representación popular a las personas con discapacidad, permitiendo abandonar el patrón que generación tras generación ha dominado, construyendo una sociedad incluyente y justa.
Con la paridad flexible, se incentiva a los partidos políticos a visibilizar a aquellas personas con alguna discapacidad. La paridad es un principio constitucional que debe armonizarse con el derecho al voto pasivo de las personas con discapacidad, y en ese sentido, este principio no puede negarse a observar otros grupos vulnerables.
Sin embargo, la paridad flexible existe solo como principio, aún falta plasmarlo en nuestro Código Electoral para dotar de mayores herramientas legales al juzgador y así, evitar las confusiones y la invisibilidad de las que son sujetas este grupo de personas. Es oportuno mencionar que existen precedentes sobre su implementación, emitidos por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, donde ya se ha pronunciado a favor de la paridad flexible (consúltese la resolución recaída en el expediente SUP-REC-1150/2018).
En congruencia con lo anterior, toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección maximizada, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales y garantías de los derechos humanos.
No basta con que los partidos políticos, los Estados y sus agentes, se abstengan de violar los derechos, sino que es urgente la adopción de más y mejores medidas para la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Es necesaria la promoción de prácticas de inclusión social y adopción de mecanismos de diferenciación positiva para remover las barreras, es hora de trabajar también para ellos, la mira está puesta en las próximas reformas de nuestra legislación local, y del proceso electoral que está ya, a la vuelta de la esquina.
