“¡Que se pudran!”… Momento: Los contagiados en prisión también importan

La noche del 19 de mayo, varios noticieros nacionales cerraron el día dando voz a la defensa de uno de los criminales más sádicos de México: los abogados de Miguel Ángel Treviño, el Z-40, exigían que una de las escasas pruebas para detectar Covid-19 que hay en el país se aplicaran a su cliente, conocido por desmembrar a cientos de personas y que supuestamente instauró el canibalismo entre sus reclutas en el Cártel de Los Zetas.

El Z-40, preso desde hace siete años en el penal federal de Puente Grande Jalisco, presentaba los síntomas clásicos del nuevo coronavirus: tos seca, fiebre y dificultad para respirar. Temeroso por su vida, pidió a sus abogados que se movilizaran para conseguirle la confirmación de la enfermedad y que fuera recibido por el hospital penitenciario. Y lo logró: dos días después, el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en CDMX ordenó salvar la vida del hombre que guisaba a sus enemigos. 

Su caso es el más reciente durante el hallazgo del nuevo coronavirus en las prisiones de México. El 14 de mayo se supo que Israel Vallarta, acusado sin sentencia de liderar a la banda de secuestradores “El Zodiaco”, había adquirido el virus también en Puente Grande, Jalisco; y en la misma prisión, pero el 10 de mayo, se conoció la muerte por Covid del jefe de Los Zetas, Moisés Escamilla, “El Gordo May”, sentenciado por decapitar vivos a 12 jóvenes.

En los tres casos, la sentencia mayoritaria en redes sociales fue una misma frase: “¡qué se pudran!”, acompañada de burlas y gozo por su sufrimiento.

CONTAGIADOS EN PRISIÓN DEBEN IMPORTAR

En el otro extremo de esa oración está José Luis Gutiérrez, fundador de la asociación civil AsíLegal, cuya misión es vender a la sociedad mexicana un argumento difícil, pero valorado en los derechos humanos: los contagios, y contagiados por Covid-19 en las cárceles, deben importar a la sociedad.

Como líder de la asociación civil que creó el primer mapa de contagios en las cárceles, este abogado de 44 años recibe todos los días llamadas de lo que pasa en las prisiones en medio de la pandemia: personas que tosen sin parar en celdas hacinadas, patios con internos afiebrados, estancias sin agua, dormitorios sin jabón ni cloro. La pesadilla para cualquier persona en libertad.

“Personas como ‘El Z-40’ son casos excepcionales; representan una porción muy pequeña de la población penitenciaria”, cuenta José Luis. “En México, existen más de 203 mil personas privadas de su libertad y no 100 grandes capos. En las cárceles viven otros tipos de personas que se enfrentaron a un sistema desigual y corrupto”.

Ahí duermen, por ejemplo, la trabajadora del hogar a la que la “patrona” le inventó un robo para no pagarle el aguinaldo; la abuela que se echó la culpa de la droga que encontraron en su casa para que su nieto no fuera a prisión; el jornalero indígena al que un grupo de policías acusó de homicidio para cerrar un caso incómodo; la mujer trans acusada sin pruebas de robar a un cliente que la quiso extorsionar, enlista José Luis.

“Cuando entramos a las prisiones es común encontrar a mujeres que dicen estar ahí por homicidio, pero cuando les pides detalles del caso te cuentan que un día sangraron, tuvieron un aborto espontáneo y un juez lo calificó de homicidio. Y así hay miles de historias. La sociedad debe preguntarse ¿esas personas merecen vivir en esas condiciones durante la pandemia? ¿merecen la misma indiferencia que el Z-40?”.

TENSIONES POR EL VIRUS

Otra causa común de encarcelamiento tiene origen en los defensores públicos, esos abogados que el gobierno paga a los más pobres que no puede pagar una defensa legal. En muchos casos estos abogados tienen tanto trabajo que sugieren a sus representados declararse culpables, aunque no hayan cometido el delito, para cerrar los casos lo más rápido posible.

“Les dicen: ‘ya sé que no te robaste la despensa, pero ya sabes cómo está esto de la prisión preventiva en México. Te vas a quedar en la cárcel varios años en lo que investigan si lo hiciste o no. Mejor di que eres culpable y aviéntate 3 años de una vez en lugar de 10’’”.

El mapa penitenciario de AsíLegal da cuenta que, oficialmente y hasta el 19 de mayo, hay 171 contagios, 31 defunciones y 10 incidentes por miedo a la pandemia, como riñas o motines, como el ocurrido este viernes por la tarde en el penal federal de Puente Grande, Jalisco. La primera información apuntaba a un disturbio que dejó tres heridos por las tensiones generadas por el coronavirus. Sin embargo, la cifra real podría ser mucho mayor.

“Si queremos aliviar el sufrimiento allá adentro necesitamos que el gobierno haga uso útil de la Ley Nacional de Ejecución Penal: ayudemos a esa gente con libertad condicionada, libertad anticipada o conmutación de la pena”, pide. “Y esto no es un regalo: es un derecho. Y tampoco es nuevo: se aprobó en 2016”.

Ninguno de estos beneficios, aclara, sacarían a personas como “El Z-40” a la libertad. La ley, dice, es muy clara: ni homicidas, ni secuestradores, ni violadores volverían a las calles, sino indígenas que plantaban amapola, usuarios de droga atrapados con una dosis de marihuana ligeramente mayor a la legalmente establecida o mujeres encarceladas por terminar un embarazo.

“¿Qué hacemos con la gente como el ‘Z-40’ en esta pandemia? No tengo una respuesta sencilla, porque entiendo el dolor que ha causado en la sociedad y entiendo que él no consideró los derechos de sus víctimas”, dice. “Pero ya está en prisión, seguramente en condiciones muy duras. Y así seguirá por años. Ahora él es una responsabilidad del Estado y por el bien de la sociedad no podemos tener un gobierno que deje morir a la gente”.

Su último argumento es el producto de muchos años de ver cómo miles de inocentes entran todos los días a una celda y ahí se pudren sus sueños, su patrimonio y su salud.

“En México, lo más fácil del mundo es caer en la cárcel. A cualquiera le puede pasar. Y si eso te pasara a ti, quisieras que a alguien le importara”.

@oscarbalmen