- Sería inaceptable que, frente a la lucha larga y constante de las mujeres y a la existencia de una sentencia condenatoria que demuestra que ellas siempre dijeron la verdad, el Estado no cumpla con las medidas de no repetición de la tortura
A 14 años de los operativos policiacos en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, donde 11 mujeres fueron víctimas de violación sexual, no hay resultados concretos en la investigación penal, ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en diciembre de 2018.
A más de 16 meses de la notificación de la sentencia de la Corte Interamericana por este caso de tortura sexual, no se ha avanzado de manera sustancial en los procesos de justicia y las medidas de no repetición, afirmaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil).
Las organizaciones advirtieron en un comunicado de prensa que el caso de las “Mujeres de Atenco”, como se conoce, y muchos otros más documentados desde ese entonces muestran la persistencia de prácticas generalizadas de tortura sexual a mujeres; encarcelamiento de personas inocentes y falta de investigación de graves violaciones a Derechos Humanos en México.
Las organizaciones señalaron que aunque existe una nueva investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de tortura sexual, aún sigue abierta la investigación en la fiscalía local del Estado de México, cuyas serias deficiencias fueron expuestas en la sentencia emitida por la CoIDH.
Recordaron que la Corte también ordenó al Estado mexicano, entre otras medidas de reparación, fortalecer el Mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Al encontrar responsable al Estado mexicano, el organismo internacional también ordenó crear un observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales en lo federal y del Estado de México.
Respecto al Mecanismo contra la tortura sexual, las mujeres de Atenco y sus representantes señalaron que durante meses participaron en reuniones con las autoridades, aportando propuestas e insumos para la ruta de fortalecimiento.
Sin embargo, dicho proceso se suspendió de facto desde octubre de 2019, cuando las instituciones informaron que tenían que revisar la propuesta construida. Hasta la fecha las autoridades no han reactivado este proceso para avanzar en la propuesta.
Respecto a la creación del observatorio independiente del uso de la fuerza, el Estado no ha realizado acción alguna encaminada a su cumplimiento desde que le fue notificada la sentencia en diciembre de 2018. Las organizaciones representantes, dijeron, también que han aportado insumos para impulsar esta medida, sin resultados.
Si bien México atraviesa por una emergencia sanitaria por la pandemia que originó el Covid-19, las organizaciones consideraron que la demora en el cumplimiento de estas dos medidas de reparación no se debe a esta emergencia.
Señalaron que el Estado mexicano ha tenido oportunidad para avanzar con las propuestas de estos mecanismos desde hace meses, y no lo ha hecho. De acuerdo con la sentencia de la CoIDH, el Estado cuenta con un plazo de dos años para el cumplimiento de las reparaciones; pero las demoras prolongadas amenazan con imposibilitar el cumplimiento en este plazo.
El Centro Prodh y Cejil manifestaron que como ha ocurrido desde que sucedieron los hechos, hace 14 años, son las propias mujeres sobrevivientes quienes han construido caminos hacia la justicia para otras víctimas de tortura, represión social y encarcelamiento injusto, por medio de la campaña nacional “Rompiendo el Silencio”.
Con esta campaña, para promover las liberaciones de varias de las mujeres víctimas de tortura sexual y acusadas de delitos, han mostrado la práctica de las detenciones arbitrarias y acusaciones falsas y ha servido para que las mujeres del caso Atenco puedan combatir la violencia estatal desde una lógica de solidaridad, organización y denuncia pública.
El Centro Prodh y Cejil dijeron que sería inaceptable que, frente a la lucha larga y constante de las mujeres y a la existencia de una sentencia condenatoria que demuestra que ellas siempre dijeron la verdad, el Estado no cumpla con las medidas de no repetición de la tortura, por lo que llamaron a cumplir las medidas fundamentales dentro del plazo previsto.
Cimacnoticias
