Ante la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no podrá alcanzar sus objetivos de bienestar para la población de menores ingresos si no incluye en sus planes de gobierno una verdadera reforma fiscal que redistribuya el ingreso, promueva la inversión, recupere el medio millón de empleos perdidos y deje de ocuparse sólo de la fiscalización a los grandes contribuyentes.
Organismos multilaterales como el FMI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomiendan esa reforma fiscal como la única opción para que México pueda reactivar su economía sin recurrir al endeudamiento, pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sigue con su política de fiscalizar a los grandes deudores.
Luis Foncerrada Pascal, economista en jefe de la Cámara Americana de Comercio, sostiene que mientras el gobierno de López Obrador posponga una discusión fiscal de fondo que incluya deducibilidad de inversiones y un incremento a la tasa del IVA, mantendrá un sistema tributario profundamente regresivo en el cual, paradójicamente, sólo se benefician quienes más tienen.
El Coeficiente de Gini –que sirve para medir la desigualdad en los ingresos– no se equivoca respecto al potencial de bienestar y redistribución de la riqueza que genera un sistema tributario transparente y equitativo, dice Foncerrada a Proceso.
Los analistas estiman que mantener bajo el régimen de excepción fiscal alimentos y medicinas beneficia a 30% de la población de mayores ingresos en la economía e impide que el Gobierno federal obtenga ingresos adicionales por entre 2 y 4% del PIB.
Como resultado, México tiene un sistema tributario asimétrico e injusto a partir de una tasa de IVA al consumo, que favorece a quienes registran un mayor gasto, dice Foncerrada, exdirector del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
Y advierte que si bien un incremento en el IVA y la inclusión en este gravamen de alimentos y bebidas afectaría a los grupos de ingresos más bajos, un cambio en el impuesto al consumo deberá incluir el acceso a los medicamentos para la población de menores ingresos por medio de un sistema de salud universal.
En cuanto a los alimentos, agrega, el sistema tributario debe diseñarse para sostener esquemas como el de la renta universal para que las personas mayores de 18 años en México o quienes estén registrados ante el IMSS o en el Registro Federal de Contribuyentes tuvieran un ingreso garantizado suficiente para cubrir alimentos y medicinas, entre otras cosas.
“Pero a los políticos les da pavor hablar del IVA, un impuesto que sigue favoreciendo desproporcionalmente a los grupos de mayores ingresos. Es el mundo al revés”, resume Foncerrada.
La propuesta de Ramírez Cuéllar
Hasta ahora, los planes para una reforma fiscal integral que resuelva el incremento sostenible de ingresos vía impuestos se encuentran cancelados porque una de las banderas del gobierno lopezobradorista es que no habrá incrementos de impuestos a pesar de la baja tasa de recaudación.
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de Morena que propuso dar mayores atribuciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para que mida la concentración de la riqueza, sostiene que la reforma constitucional que impulsa está relacionada de manera irremediable con una transformación del sistema tributario.
De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, del Inegi, en México 30% de los hogares concentra más de 63.3% de los ingresos.
Para Ramírez Cuéllar la vía para redistribuir el ingreso es una reforma tributaria que debe empezar, precisamente, con el estudio de la concentración del ingreso y la reforma al artículo 31 de la Constitución, en el cual se marca la obligación de todos los mexicanos de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa.
Investigadores de la UNAM consideran que para hacer frente a la pandemia, México tendría que entrar forzosamente a un debate para alcanzar una reforma fiscal transparente, equitativa y redistributiva. Ellos calculan que los ingresos fiscales sólo representan 24% del PIB, porque el sector empresarial evade el pago de impuestos; lo mismo hacen los pequeños negocios reducidos a simples unidades económicas de subsistencia.
“Hace falta automatización y un sistema bien diseñado para que la fiscalización sea equitativa. Debe plantearse un compromiso de digitalización más fuerte del gobierno para una mejor fiscalización, porque la gran queja de empresas y personas físicas es que siempre pagan más los mismos y se queda fuera del ámbito de la recaudación toda la informalidad”, señala Foncerrada.
Hoy, en la mira del SAT, según información de la propia entidad, se encuentran los sectores financiero, de la aviación, automotriz, de autoservicios, minero y agropecuario, pues sus grandes empresas adeudan impuestos desde 2010.
La fiscalización funcionó, por ahora
A principios de marzo, el SAT comenzó a integrar la operación de sus 12 Unidades Administrativas Centrales, sobre todo a la Administración General de Grandes Contribuyentes, la Administración General de Recaudación, la Administración General Jurídica y a la de Servicios al Contribuyente.
Junto con la fiscalización a grandes contribuyentes, la devolución del IVA se estableció desde la Presidencia como una prioridad. Para ello fue necesario integrar todas las áreas del SAT a fin de acelerar tanto los procesos de fiscalización como la devolución, según información del organismo.
Hasta marzo pasado la estrategia dio resultados. En devolución de IVA también se espera superar los montos entregados en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El pasado 7 de abril el SAT informó, de acuerdo con cifras preliminares, que la recaudación por ingresos tributarios del primer trimestre de 2020 alcanzó 1 billón 3 mil millones de pesos, lo que representó un incremento de 13.4% respecto a lo recaudado en el mismo periodo del año previo, que se ubicó en los 855 mil millones de pesos.
Si bien respecto al primer trimestre de 2019 la recaudación tributaria aumentó 5.1% en términos reales, la cifra contrastó con la caída por 108 mil 700 millones de pesos registrada al cierre del año pasado, cuando el gobierno de López Obrador no pudo alcanzar su meta fiscal y tuvo que usar 408 mil 902 millones para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El incremento en la recaudación al primer trimestre, según información del SAT, fue resultado de una mayor fiscalización a grandes contribuyentes y de la comunicación entre los responsables de sus áreas administrativas, incluyendo la Administración General Jurídica, que ejercerá sus atribuciones de litigio y aseguramiento para lograr el cobro de deudas fiscales.
El 30 de abril, en su conferencia matutina, López Obrador presentó una nota informativa preparada por la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, en la que informa que del 1 al 26 de abril de 2020 la recaudación de ingresos tributarios en flujo de efectivo ascendió a 250 mil 523 millones de pesos, con lo que el total de ingresos tributarios se ubicó en 1 billón 255 mil 214 millones de pesos, lo que representó un incremento real de 5.2% en relación con lo obtenido entre enero y abril de 2019.
Pero en el SAT aseguran que, por ahora, no cuentan con indicaciones de la Secretaría de Hacienda para impulsar un plan de apoyos fiscales a fin de enfrentar la crisis. “Necesitamos cobrar impuestos para seguir invirtiendo en el sector salud”, dijo un alto funcionario de esa entidad fiscalizadora.
Por ello, hasta ahora y a pesar de la insistencia del sector empresarial no hay avances respecto a la petición de un plan para postergar el pago de impuestos. Hasta ahora, el mayor avance ha sido la decisión del Banco de México de ampliar la liquidez en el mercado de dinero.
Para los grandes empresarios, dice la diputada Dolores Padierna, el Banco de México, a través de su Junta de Gobierno, ha dispuesto la liquidez necesaria para que, en medio de esta contingencia, tengan acceso a créditos pero no habrá estímulos tributarios.
De acuerdo con datos del IMSS, al 30 de abril de 2020 se tienen registrados ante el organismo tripartita 19 millones 927 mil 696 puestos de trabajo; de ellos, 86.4% son permanentes y 13.6%, eventuales. Sin embargo, como consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria, sólo en abril se registró una disminución mensual de 555 mil 247 plazas. Así, la disminución del empleo en el primer cuatrimestre de 2020 es de 493 mil 746 puestos, de los cuales 67.2% son permanentes.
Alejandro Werner, exsubsecretario de Hacienda y actual director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, advirtió que, sin una reforma fiscal integral y sin estímulos tributarios, será muy difícil proteger los ingresos de las familias, el consumo y la sobrevivencia de una gran cantidad de unidades económicas.
