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domingo, diciembre 21, 2025

Detenida, denuncia penal por atentados al pudor y asedio laboral contra Gustavo Gutiérrez de la Torre, titular de la CMOV Aguascalientes

Tania Magallanes
Tania Magallanes
Jefa de Redacción de LJA. Arma su columna Tres guineas. Fervorosa de lo mundano. Feminista.

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  • También se interpuso una queja por hostigamiento sexual ante la CEDHA contra Gustavo Gutiérrez
  • En marzo del 2019, ya con la demanda a cuestas, Gustavo Gutiérrez sustituyó en el cargo como coordinador de Movilidad a David Sánchez Padilla

 

No avanza la denuncia interpuesta desde el 2018 contra Gustavo Gutiérrez de la Torre, director de la Coordinación General de Movilidad (CMOV) del Gobierno del Estado, por atentados al pudor y asedio laboral en la Coordinación contra la denunciante, de lo cual también se interpuso una queja por hostigamiento sexual ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes (CEDHA). 

La denunciante señala las trabas institucionales que ha vivido y que no le han permitido acercarse a una resolución y el acceso a la justicia.

En octubre del 2018, acudió a las oficinas del Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM), en donde sólo recibió atención de una sicóloga y en el área jurídica, que recomendó levantar una queja en la Comisión de Derechos Humanos. No hubo seguimiento ni acompañamiento en su caso. 

En la CEDH interpuso la queja por hostigamiento sexual con copia de recibido al coordinador de Movilidad en ese momento, David Sánchez Padilla, al mismo Gustavo Gutiérrez, a Antonio Sánchez, presidente del comité de ética de CMOV, y al IAM. Tampoco recibió acuse de recibo o detalle de su caso por parte de ninguno de ellos.

La denunciante refiere que varias veces solicitó una junta con David Sánchez Padilla para entregarle una copia en persona de la queja en Derechos Humanos, pero nunca fue recibida. 

Lo que sí comenzó fue el asedio laboral con la solicitud de la directora del Área Administrativa, Isadora Sánchez de firmar un nuevo contrato, inventarle inasistencias, negarle vacaciones; más tarde la citan el director del Área Jurídica, Marco Arturo Reyes e Isadora Sánchez para informarle que David Sánchez Padilla no la recibiría para tratar su denuncia, por ser un tema muy delicado, y que el caso se habría canalizado ya a Contraloría del estado, instancia que no tienen competencia al respecto.

Sin embargo, en marzo del 2019, ya con la demanda a cuestas, Gustavo Gutiérrez sustituyó en el cargo como coordinador de Movilidad a David Sánchez Padilla. 

El Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública del estado de Aguascalientes fue publicado apenas en 9 de marzo de 2020 en la Primera Sección del Periódico Oficial del Estado. En el documento se lee “Que los servidores públicos, según lo establecido en el Código de Ética de la Administración Pública Centralizada del Estado de Aguascalientes, deben conducirse en forma digna sin realizar acciones de hostigamiento sexual o acoso sexual, manteniendo con ello una actitud de respeto hacia las personas con las que tiene o guarda relación en la función pública”. 

Aún sin el protocolo establecido, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de Gobierno del Estado de Aguascalientes de Martín Orozco Sandoval marca como eje de acción el principio rector de Equidad de Género, el cual debe guiar la gestión administrativa del gobierno “a efecto de conducir sus acciones para remediar los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las malas prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas”. 

Aún sin el protocolo contra el acoso y hostigamiento laboral, el Gobierno del Estado establece en su Plan de Desarrollo la guía para seguir estas denuncias, que sería letra muerta en este caso y un claro encubrimiento al frenar la demanda penal y el acceso a la justicia de la denunciante. 

¿De qué sirve establecer leyes, protocolos y Unidades de Género en el Gobierno del Estado si no se ejerce en la práctica, se frenan procesos y no se revisan casos? ¿Cómo se incentiva que las personas agredidas denuncien si se entorpece el acceso a la justicia y se revictimiza, antes que garantizar la justicia?

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