APRO
Más de 300 activistas, académicas, investigadoras, escritores y organizaciones civiles hicieron un llamado al Gobierno Federal para que genere una salida a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 apegada a los derechos humanos.
Recordaron que, aunque los estados de emergencia deben tener una duración limitada, estos no pueden avalar ninguna medida innecesaria, ilegal o desproporcionada con el fin de contener la propagación del virus, y mucho menos aquellas que pudieran abrir la puerta para decisiones autoritarias o inconstitucionales.
“No apostamos al fracaso del gobierno, sino todo lo contrario, el gobierno debe ser capaz de escuchar todas las voces, dialogar con todos los sectores y ponerse a la cabeza de un gran acuerdo nacional”, expresó el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria mediante un comunicado.
Aclararon que no coinciden en los grupos que “se oponen sistemáticamente a todas las acciones del actual gobierno.”
Las autoridades deben escuchar y debatir todas las propuestas, sin descalificaciones tempranas, sin tergiversar los argumentos y sin menospreciar los planteamientos que no sean los oficialistas: “Más allá de los partidos políticos, luchamos por los derechos humanos, la democracia, los derechos de las personas trabajadoras, la igualdad social, el respeto a las múltiples diferencias, la igualdad de género y la justicia social”.
Insistieron en que es fundamental llegar a acuerdos para impulsar una visión integral y un modelo social y económico “justo y solidario”, para transitar en los próximos meses posteriores a la pandemia de Covid-19.
Las tres medidas concretas que hicieron se enfocan en tres rubros: los sectores público, privado y social.
Para el primero, se debe aumentar su eficiencia para incrementar su capacidad de generar empleos dignos, y no pensar que eficiencia es igual a menos empleados.
En el caso del privado, se requiere de créditos -no transferencias- para que sobrevivan las empresas.
Y el sector social, como el caso de cooperativas o empresas sociales, se les debe garantizar atención médica gratuita, reducción de IVA, y transferencias focalizadas en efectivo.
Entre los firmantes se encuentra el sacerdote y defensor de los derechos humanos, Miguel Concha; la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Marie Claire; el integrante del Consejo Judicial Ciudadano, Manuel Canto Chac; la abogada feminista, Karla Salas Rodríguez; Justicia para las Mujeres, la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, Católicas por el Derecho a Decidir, Acción con Pueblos Migrantes, Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, entre otras.
