- En la mayoría de los casos las decisiones sobre política económica y fiscal carecen de perspectiva de género
- Los gobiernos, además de que tienen recursos limitados, enfocan el gasto presupuestario en rubros como militarización y propaganda
Los flujos financieros ilícitos impactan negativamente en la justicia de género porque impiden que los Estados movilicen los máximos recursos disponibles para garantizar los Derechos Humanos de las mujeres.
El informe “Flujos financieros ilícitos. Por qué deberíamos reclamar estos recursos para la justicia de género, económica y social”, que realizó la investigadora Attia Waris para la organización AWID, asegura que los sistemas que permiten y alientan la evasión fiscal masiva, provocan desigualdad de género.
De acuerdo con este análisis, una de las consecuencias de los flujos financieros ilícitos es que la riqueza se concentra en pocas manos, y provoca una falta de recursos públicos para servicios sociales básicos, como atención médica, educación y subsidios al desempleo.
El documento describe la cadena de consecuencias de este fenómeno financiero y destaca que los movimientos de dinero o capital ilegalmente obtenido, transferido o utilizado de un país a otro, indican que los países tienen un sistema de recaudación inadecuado, lo que impacta en el déficit presupuestario de un país.
Si los países no cuentan con recursos públicos suficientes, se reduce la inversión en áreas sociales como educación, asistencia a la salud e instalaciones para el cuidado, como estancias infantiles, lo que repercute directamente en las mujeres y los hogares encabezados por mujeres.
Los gobiernos, indica el informe, además de que tienen recursos limitados, enfocan el gasto presupuestario en rubros como militarización y propaganda. El efecto de estas decisiones es que las mujeres, que tienen trabajos mal pagos y de baja calidad, tienden a ser más dependientes de los servicios sociales públicos, los cuales no cuentan con recursos públicos suficientes.
Los flujos financieros ilícitos, destaca el análisis, también provocan que los países que enfrentan déficits presupuestarios tienden a cubrir dichos déficits por medio de impuestos al consumo, en lugar de gravar la riqueza. Esto se debe a que los impuestos al consumo son la solución menos costosa para los gobiernos, tanto en lo económico como en lo político.
En el informe se explica que una excelente forma de lograr que la gente de clase media, e incluso de clase trabajadora, apoye a los gobiernos que no invierten en asistencia social es utilizar el argumento de que las personas en pobreza no pagan impuestos y viven de los beneficios creados por los trabajadores formales.
Además, un ejemplo las políticas económicas que afectan a las mujeres, es imponer altas tasas de impuesto al valor agregado a los bienes de consumo o servicios. Esto afecta particularmente a personas en pobrezas o en la informalidad, en su mayoría mujeres, porque son ellas quienes gastan una gran parte de sus ingresos en impuestos sobre bienes y servicios esenciales que consumen para su subsistencia. Al final esto perpetúa el ciclo de pobreza y dependencia de la asistencia social.
El análisis de AWID sostiene que las políticas tributarias pueden tener un papel crucial en la reducción de la desigualdad y en la redistribución de los recursos para nivelar el campo de juego lo más posible.
Es por ello que propone, entre otras medidas, que los gobiernos consideren los flujos financieros ilícitos como una violación de los Derechos Humanos y los derechos de las mujeres, ya que impiden el cumplimiento de la obligación de los Estados en materia de igualdad de género.
También agrega que en la mayoría de los casos las decisiones sobre política económica y fiscal carecen de perspectiva de género, por tanto, llama a mantener un diálogo entre ministerios de género y de finanzas, junto con sociedad civil, para entender de mejor forma el impacto de las decisiones sobre el destino de los ingresos públicos en los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
Anayeli García Martínez | Cimacnoticias
