APRO/Claudia Villegas
En el gobierno de Enrique Peña Nieto el desvío de recursos del sector público a través de fraudes como la Estafa Maestra logró consolidarse gracias a la operación de empresas factureras, a las que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) atribuye omisiones superiores a 500 mil millones de pesos en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
“Todas las empresas factureras en algún momento tuvieron ingresos que venían de recursos públicos, dinero que viene de corrupción, de moches. Si se acaba con el esquema de factureras estaremos acabando con buena parte de la corrupción que tiene este país”, asegura en entrevista el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero.
Las investigaciones del SAT, que presentó el pasado 25 de junio su titular, Raquel Buenrostro, buscan recuperar recursos para hacer frente a la caída en los ingresos tributarios durante los próximos meses.
Desde mayo dichos ingresos federales acusan recibo de la crisis económica provocada por la pandemia. En tanto que los provenientes del petróleo presentan en términos anualizados y al quinto mes de 2020 una caída de 65.3%, los tributarios retrocedieron 14.6%, mientras el IVA se desplomó 36.5% y el ISR apenas logró crecer 2%, porque muchas empresas pospusieron el pago de impuestos para cumplir con sus nóminas o sostener su negocio.
Por ello, luego de alcanzar acuerdos con grandes contribuyentes para cobrar impuestos por hasta 50 mil millones de pesos, el SAT busca ahora el pago de impuestos que se desviaron por el uso de facturas de compañías fantasma que cobraban comisiones hasta de 3% de las tributaciones y compensaciones.
Desde mayo de 2019 el SAT dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación la lista global de presunción de al menos 100 contribuyentes que, sin contar con activos comprobables, actividades legítimas o domicilios reales para su operación, emitieron cientos de miles de facturas para justificar servicios o compra de bienes que no existieron. Esto contraviene el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
“Se detectó que los contribuyentes emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”, explicó el SAT en el aviso publicado en el Diario Oficial.
También informó que 57 empresas lograron acreditar sus actividades o solicitaron acuerdos para regularizar su situación. Se pactó, según la Procuraduría Fiscal de la Federación, un plazo de tres meses para que paguen los adeudos generados por la compra de facturas falsas. En el SAT se espera que en junio y julio se presente el registro de ingresos por IVA e ISR que resulta de los acuerdos con contribuyentes que no quieran enfrentar sanciones penales.
Así, la lista de empresas irregulares quedó formada por 43 factureras a las cuales se les atribuyen operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos, con responsabilidad tributaria por 24 mil 583 millones de ISR y al menos 11 mil 396 millones de IVA.
La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó denuncias por defraudación luego de que el SAT analizara más de 22 millones de facturas. Después de cruzar la información, la autoridad tributaria vinculó con operaciones irregulares a 8 mil 212 compañías y personas relacionadas porque compartieron otros servicios, como el régimen de ingresos asimilados a salarios, representantes legales o accionistas.
Se trata, sin embargo, de compañías fantasma cuyos domicilios fueron desmantelados y por eso se complica su ubicación. Ahora el SAT se concentra en buscar a los contribuyentes que compraron esas facturas para que regularicen su situación fiscal correspondiente a los ejercicios de 2018 y 2019.
Entre las empresas factureras detectadas destacan las asentadas en regiones petroleras como Campeche, Tabasco y Veracruz.
Aunque fue durante la gestión de Margarita Ríos-Farjat cuando se aceleró la identificación de estas empresas, al llegar Raquel Buenrostro al SAT se identificó el potencial de recuperación de estos recursos, por lo que se giraron oficios de presunción de inocencia individuales. De esa forma las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente 15 días hábiles para aportar pruebas de su inocencia. Sin embargo, al menos 50% no pudo entregar esas evidencias.
El procurador fiscal Carlos Romero asegura que el esquema de la Estafa Maestra es, en realidad, un esquema de factureros, pues se presentaron comprobantes de compañías cuya actividad comercial no era posible documentar.
Romero plantea que si bien la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública tienen la facultad de revisar la cuenta pública y todas las operaciones del Gobierno Federal, el Congreso debe analizar si es pertinente modificar el correspondiente artículo de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.
Y agrega: “Vamos a pensar que todos son contribuyentes que actuaban de buena fe, por eso se les está dando un plazo de tres meses para que regularicen su situación fiscal. Si en ese plazo no se regularizan, meteremos las querellas respectivas, porque se configura un pacto criminal. Si no te regularizas, entonces quiere decir que sí te pusiste de acuerdo con quien te vendió la factura para no pagar impuestos, y con eso vamos a tratar de acreditar también que hay delitos de delincuencia organizada por el acto criminal que hay entre el vendedor y comprador de la factura”.
