- Rumorología hace evidente que lo que le pasa al PRI importa
- Aseguran que el PRI está lejos de llegar a desalojar el edificio
Herminio Ventura, presidente CDE del PRI, se negó a hablar sobre la posible pérdida del inmueble donde se ubica la sede tricolor, y aclaró que los bienes del partido los administra la dirigencia nacional, por lo que cualquier cuestión administrativa tendrá que dirigirse hasta la Ciudad de México, aunque aseguró que no hay alarma, pues están muy lejos de quedarse sin el recién remodelado edificio.
“Entonces cualquier cuestión de esa naturaleza, cualquier cuestión administrativa tendrá que dirigirse allá – al Comité Ejecutivo Nacional- pero son temas que se están tratando por parte de la dirigencia nacional, pero no hay alarma estamos muy lejos de llegar a eso (al desalojo)”, recalcó el presidente estatal interino.
–¿Cuánto tienen ocupando el edificio?
–Desde el primero de diciembre de 1968.
–¿No hay peligro?
–Esperemos que no… estamos acostumbrados a la rumorología, y a veces hacemos un escándalo grande. La verdad es que yo por ese tema les diría: no se preocupen, no nos preocupemos, nosotros no estamos preocupados, ustedes menos deben estarlo.
Hugo Contreras Zepeda, del CEN del PRI, consideró que la investigación realizada por A Opinión Magacín es una evidencia que lo que le suceda al PRI importa, “Ya les andamos preocupando, ya les preocupamos, ya sienten que el partido está en la calle, hay presencia del PRI, eso les preocupa a las otras fuerzas políticas, y el PRI no es el edificio, el PRI es su gente, su militancia, sus dirigentes, sus causas, eso es el PRI, el edificio nos permite reunirnos, el PRI es mucho más que un edificio”.
El medio digital y escrito A Opinión Magacín dio a conocer los resultados de una investigación, en la que señalan que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el edificio del PRI en Aguascalientes, se usa de manera ilegal por el organismo político, además de que le será descontada de su ministración una multa de más de un millón 150 mil pesos, impuesta por el Instituto Nacional Electoral debido a que descubrieron que el inmueble es parte de un fideicomiso administrado por el Banco Mexicano S.A. y por lo tanto no puede ser utilizado por el partido, dado que la ley prohíbe que las personas morales den aportaciones a este tipo de organizaciones. Además de que el edificio es propiedad del Gobierno del Estado, quien lo donó al fideicomiso en el año 1996, y ahora bien podría integrarlo al patrimonio de los aguascalentenses.
