Un tema delicado creo yo, para abordarlo contextualizaré.
Cito textual el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, estados y municipios– impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias.
La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
Para dar pleno complimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la república. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la Ley señale. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la Ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación primaria, secundaria y normal”.
Pero la variable que actualmente cambia el panorama se llama Covid-19, y cuando estamos a unos días de iniciar nuevo ciclo escolar, las autoridades atinan a dejar en las manos de la televisión, la herramienta mediática (según ellos) mejor calificada la responsabilidad de la difusión de la educación en pleno siglo XXI.
El martes pasado el expresidente Felipe Calderón escribió en su cuenta de twitter “La necesidad de implementar masivamente la educación a distancia es una oportunidad para cambiar hacia internet de banda ancha para todos los maestros y alumnos. Complicado y costoso, pero sería un cambio estructural de enorme beneficio donde habría avance. En lugar de eso, tele.”
El reto es muy interesante, cómo hacer para que los millones de alumnos tengan acceso a la educación gratuita ahora con tecnología, la que usted diga y mande, que a final de cuentas tendrá un impacto económico para las finanzas públicas, que no estaba contemplado a pesar de que ya pasamos por un periodo, llamémosle de prueba, de marzo a la fecha.
Oscar Díaz titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en una entrevista el pasado martes por la mañana en el noticiario de Ciro Gómez Leyva explicaba cómo programar las pantallas para captar la señal de los canales que transmitirán las clases. Los concesionarios involucrados en este esquema son Televisa, TV Azteca, Multimedios e Imagen Televisión quienes a través de los canales “alternos” transmitirán la señal donde los alumnos podrán recibir la clase. Televisa usará el 5.2, TV Azteca el 7.3, Multimedios el 6.3 e Imagen Televisión el 3.2 todos estos, claro está en señal digital abierta.
Pero regresando a los dineros y al compromiso de hacer cumplir lo que nuestra Carta Magna dice, la producción del material audiovisual para este proyecto es de 36 millones de pesos, produciendo 3120 horas de televisión totales. De entrada, la suma suena considerable, si hacemos un comparativo, esa cantidad es lo que cuesta producir una película mexicana de mediano presupuesto y seguramente no alcanza para realizar una serie tipo Netflix, es decir, no es un presupuesto alto para lo que el proyecto demanda, al contrario, considero yo que está limitado, si hace usted la división de horas por el monto, la hora producida es de $11,538.46. Qué productora puede realizar materiales audiovisuales con duración de una hora con la calidad que se requiere para salir al aire en televisión digital abierta; se imagina, ese monto ni siquiera cubre el salario de un camarógrafo de estudio en la Ciudad de México, es importante aclarar que las televisoras que van a transmitir la señal no la van a producir, alguien más lo va a hacer.
Al parecer, porque yo no encontré información, el proyecto se licitó (como debe ser) para cumplir con los protocolos de transparencia y quien ganó fue Prime Show Productora S.A. de C.V. quien al 12 de junio tenía contratos por $230,731,917 pesos mexicanos y sus principales clientes son el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (división de recursos materiales), la Secretaría de Educación Pública (dirección de adquisiciones) y XE-IPN Canal 11. Una de las últimas contrataciones que les hizo el Gobierno Federal registradas por el portal quienesquien.wiki es: Contratación de los servicios de difusión de spots de televisión, radio, medios complementarios, digitales y periódicos como parte de la campaña “Reforma educativa versión: Nuevo modelo educativo etapa 4-reconstrucción” de 2017. Lo que llama la atención es que fue para la administración pasada, por qué recurrir a una empresa que prestó servicios de video producción al gobierno neoliberal, no lo se, pero ellos son los que por una cantidad irrisoria van a producir las 3120 horas de contenido “didáctico” para garantizar el cumplimiento del Artículo 3 Constitucional.
Además, el Gobierno Federal pagará un aproximado de 450 millones de pesos a las cuatro televisoras privadas por la transmisión de los contenidos educativos, es decir más de 112 millones por televisora, del 24 de agosto al 18 de diciembre de 2020 por 24 horas continuas; es decir aproximadamente $58,593.75 la hora al aire.
Tal vez lo que comentó Felipe Calderón es buena idea, buscar la infraestructura de internet de banda ancha para toda la República Mexicana, aunque no sería posible implementarlo a corto plazo, un proyecto a futuro que sin duda es necesario, pues según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2018 del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el 11% de los hogares en zonas rurales del país, es decir alrededor de 14 millones de personas no cuentan con un aparato receptor de televisión para captar la señal. Entonces las cifras del gobierno Federal de los 30 millones de alumnos que recibirán la señal y que por ellos se pagará a las televisoras 15 pesos por cada alumno inscrito dando el total de los 450 millones de pesos, los expertos en finanzas del gobierno deberían restar 210 millones de pesos por ese 11% de hogares que no tienen acceso a la señal; y por cierto no estarían cumpliendo con lo que dice el Artículo 3 Constitucional.
Vamos progresando, sin duda…
@ericazocar
