En México, las ciudades han crecido aceleradamente en las últimas décadas, no sólo por fenómenos demográficos sino también por dinámicas como la migración a las ciudades en búsqueda de mejores oportunidades y prosperidad. El rápido crecimiento de las ciudades ha implicado que los gobiernos subnacionales deben proveer los bienes o servicios que requiere la población para alcanzar una vida mejor, incluyendo vivienda, servicios básicos, transporte, espacio público, entre otros. No obstante, esos gobiernos suelen enfrentar limitaciones técnicas, económicas e institucionales que restringen su campo de actuación e impiden atender de manera oportuna las necesidades de la población.
Los gobiernos locales, sin embargo, cuentan con atribuciones relevantes que pueden aprovechar de manera más efectiva para proveer esos bienes o servicios que demanda la población, así como para movilizar recursos adicionales que permitan atender de mejor manera los desafíos existentes. El Artículo 115 de la Constitución, por ejemplo, le confiere a los municipios la facultad para formular, aprobar o administrar la zonificación del suelo urbano; autorizar, controlar o vigilar la utilización del suelo; y otorgar licencias y permisos de construcción. En un contexto de limitaciones presupuestales, los municipios podrían utilizar esas funciones de manera más estratégica para alinear los incentivos de los gobiernos con los de la iniciativa privada para avanzar conjuntamente hacia una visión compartida de ciudades más sostenibles, incluyentes e innovadoras. En otras palabras, la inversión privada es sumamente importante en el crecimiento sostenibles de las ciudades, de manera que empresas de sectores como la construcción o el desarrollo inmobiliario facilitan la provisión de elementos indispensables para la vida en las ciudades, como vivienda para la población.
Sin embargo, los municipios con frecuencia realizan una gestión del suelo altamente restrictiva que impide movilizar mayor inversión privada a favor de la sostenibilidad de una ciudad, en especial cuando se asume que la rentabilidad de una empresa es incompatible con objetivos de interés público más amplios. En ese sentido, es importante mencionar que una gestión urbana sofisticada e integral debería facilitar la suma de esfuerzos con la iniciativa privada para materializar estrategias urbanas que permitan avanzar hacia un futuro más sostenible e incluyente. Es decir, los gobiernos municipales deberían crear las condiciones adecuadas para que las empresas inviertan en proyectos que contribuyan tanto a mejorar la calidad de vida en una ciudad como a proveer los bienes o servicios necesarios que permitan a las personas acceder a mejores oportunidades de desarrollo, como oferta vivienda de mayor calidad en términos urbanísticos, como proximidad a empleo, comercio, educación, recreación, etcétera.
Los gobiernos municipales pueden impulsar acciones concretas para crear condiciones más adecuadas e incentivos más atractivos para movilizar a la iniciativa privada para desarrollar proyectos que favorezcan la calidad de vida en las ciudades. Los municipios, por ejemplo, pueden diseñar la normativa de uso del suelo de manera que facilite la inversión privada en zonas donde se busque aumentar la oferta de vivienda, empleo, comercio, entre otros, como zonas céntricas mejor conectadas al transporte público o más caminables. En ese sentido, podrían flexibilizarse las alturas o densidades de construcción, requerimientos mínimos de estacionamiento, o superficies mínimas de vivienda en zonas de mayor calidad urbana, para viabilizar desarrollos inmobiliarios que cumplan con estándares deseables que un gobierno municipal puede determinar, incluyendo como cercanía a oficinas, escuelas, parques, supermercados, etcétera. Similarmente, los gobiernos municipales pueden crear ventanillas únicas y plataformas tecnológicas para acelerar procesos administrativos para el desarrollo inmobiliario y asegurar mayores niveles de transparencia, como incentivo para aquellos proyectos que cumplen con características urbanas deseables, como proyectos de vivienda en ubicaciones que disminuyan la dependencia de las personas al vehículo particular al facilitar desplazamientos más cortos a diversos destinos.
Lo anterior sugiere que la iniciativa privada es sin duda relevante para la construcción de una ciudad sostenible, incluyente e innovadora, pues los gobiernos cuentan con recursos limitados que impiden satisfacer las necesidades de la población. En ese sentido, los gobiernos municipales pueden explorar maneras más efectivas no sólo para atraer o facilitar la inversión privada sino principalmente para garantizar que esa inversión se realiza de tal manera que además de asegurar su viabilidad económica genera o maximiza beneficios de carácter público, como elevar la oferta de vivienda más céntrica. En Aguascalientes, ¿cómo pueden alinearse de mejor manera los incentivos e intereses de la iniciativa privada y el gobierno municipal con una visión compartida de una ciudad más sostenible, próspera e incluyente?
fernando.granados@alumni.harvard.edu / @fgranadosfranco
