“Ante una catástrofe se intenta recuperar el orden establecido anteriormente a la misma y para ello es importante elaborar un adecuado Plan de actuación, basado principalmente en la prevención y la educación, estableciendo unas nuevas directrices y formas de actuación eficaces para cada situación” (“Catástrofes, situaciones de riesgo y factores psicosociales”. Páez, Darío, Arroyo, Elena y Fernández Itziar, Fundación MAPFRE, 1994, resumen)
A principios del año, nos sorprendió a los mexicanos una pandemia que en ese entonces sólo se insinuaba un tanto agresiva ante aquellas personas que identificaba vulnerables por sus enfermedades crónicas. En esos tiempos, discutíamos los malos resultados en el desempeño de la economía nacional por la ausencia de una atinada política pública de crecimiento y desarrollo; de los pobres resultados de la estrategia de combate a la inseguridad pública, y el incremento sostenido de las muertes violentas en el país; el creciente desabasto de medicamentos y el desmantelamiento del sistema de salud pública nacional; y la constante discusión en las mañaneras: que sí los conservadores, que sí el cambio verdadero; y así gastábamos nuestra atención y ánimo en esos principios del 2020, no teníamos una idea en qué se convertiría al paso de los meses.
En marzo, el gobierno del presidente López resistía un embate de una marcha nacional de las mujeres ante la indolencia de las autoridades por el incremento de los feminicidios, ya con los estragos de la pandemia encima, también se registraba la primera muerte por el coronavirus, y desde entonces no se ha detenido la escalada de decesos por la epidemia. Para entonces ya traíamos en ciernes la primera catástrofe nacional, la economía, la ideologizada posición e indolencia del gobierno ante las ya manifiestas amenazas del bajo rendimiento de los motores económicos. López Obrador y su gabinete, mirando desde sus atalayas transformadoras, como se desaceleraban el empleo, la inversión extranjera directa, el consumo interno, las exportaciones. El “pleito” del presidente contra el PIB por su origen “neoliberal”.
Mientras la pandemia crecía y se expandía por el país. Un poco, para mostrar empatía con los mexicanos, el presidente López Obrador, estableció una coordinación sanitaria en manos de la Secretaría de Salud a través del titular de la Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud. Hacia principios de junio pasado, la contingencia sanitaria mereció, de las autoridades, la consideración de que si la tendencia se sostenía, era posible que México tuviera entre 6 mil u ocho mil muertes por el Covid-19, y, en el escenario más catastrófico, hasta 60 mil decesos. En esas fechas, la situación del riesgo sanitario contra la seguridad nacional, ya estaba con todos los focos rojos encendidos: capacidad hospitalaria de camas, personal médico especializado, unidades de terapia intensiva disponibles, equipos de protección para el personal sanitario y médico. Ante la configuración del riesgo que crecía en el horizonte nacional, las autoridades, sobradas, afirmaban que tenían ya un plan de contingencia, todo considerado: México estaba preparado.
Primero, desde los gobiernos estatales, se detuvieron las actividades escolares presenciales. Eso detuvo la movilidad de algunos millones de personas, principalmente niños y jóvenes. La Federación, les siguió los pasos. Después, la actividad económica debió ser detenida. Todas aquellas actividades no esenciales, debían detenerse. Millones de personas dejaron de percibir ingresos. Ni la economía formal ni la informal estaban preparadas para el parón. A todo esto, el “plan” del gobierno para paliar la situación, brilló por su ausencia, acaso, sobre las rodillas impulsó pequeños esfuerzos, sin coordinación con los Estados, ni con los sectores económicos. Prácticamente los abandonó a su suerte. La segunda catástrofe se configuró por la interacción de los efectos de la pandemia en la ya deprimida economía y la clara evidencia de una clara incapacidad del Gobierno Federal para tomar las riendas de la situación y dirigir y concertar las acciones nacionales. México tiene quizá mucho presidente, pero poco Estado, parafraseando a María Amparo Casar.
La inseguridad pública constituye la tercera catástrofe del país. Con más de 57 mil muertes, representa el secuestro de la paz social de muchas regiones de la República. Hay una clara lucha por el control territorial en lugares específicos, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Veracruz, y recientemente, la Ciudad de México. La causa, la ambigua estrategia federal para combatirla (sin combatirla). Otra vez la ausencia de una política de Estado que afronte el reto de manera clara. La Guardia Nacional desde su origen, se desdibujó en el escenario en el que le toca actuar. La contienen y la exponen, es un arma descargada, inútil. Mientras las muertes y los hechos violentos se enseñorean en una descarada impunidad tolerada.
El sábado 22 de agosto pasado, México alcanzó el escenario más catastrófico esperado por el gobierno federal en materia de muertes por el coronavirus, 60,254 mexicanos fallecieron por los efectos de la pandemia. El famoso subsecretario López Gatell, incólume en su papel, no se inmuta ante sus lamentables resultados. La Universidad de Washington asegura que, al paso que llevamos y a la estrategia sostenida por el gobierno, para el 1 de diciembre próximos, estaremos contando 130 mil decesos por la epidemia. Al paso que vamos, los mexicanos debemos hacernos fuertes solos, el gobierno va al día, actualizando sus laminillas que presenta cada día en punto de las 7 pm, donde las conferencias se han vuelto rutinarias y frías. Para paliar las estadísticas, las autoridades sólo alcanzan a ordenar el incremento de camas, para que los colores de su semáforo no se uniformen de rojo.
La quinta catástrofe, la compone la caída de la calidad moral que presumía el presidente López en su lucha contra la corrupción en México. El “juicio” mediático que representa el caso Losoya contra una parte importante de la clase política nacional, se enredó con los videoescándalos de la entrega de dinero a personajes tan controversiales como el propio hermano del presidente, Pío López Obrador. El primero es corrupción y, el otro, contribución. Pero en ambos casos, México sale agraviado.
