Más allá de críticas al diseño del sistema anticorrupción, su implementación estatal sigue en marcha con resistencias y obstáculos como la desconfianza ciudadana, la falta de participación y apoyo institucional, entre otros.
A tres años de entrar en vigor la ley del Sistema Estatal Anticorrupción que dio vida legal a lo que hoy conocemos como Sistema Estatal Anticorrupción en el Estado, podemos ver cómo a pesar de las resistencias, la organización, estructuras y funciones tienen plena vigencia.
Aquello que en algún momento parecía un sueño difícil de alcanzar, podemos ver que es realidad. Independientemente de quienes quieren ver en la cárcel a quienes han incurrido en un acto corrupto como producto de un juicio mediático y sumario, el sistema debe continuar el combate institucional con base al Estado de Derecho, ya que, lejos están esas sentencias populares de que “estamos condenados a ser corruptos”, ahora tenemos leyes e instituciones que deben transformar esa realidad conjuntamente con los ciudadanos, porque todos compartimos la gran responsabilidad de combatir efectivamente la corrupción para beneficio de la colectividad.
En ese orden de ideas, me refiero a uno de los órganos fundamentales en la implementación y sustentabilidad del sistema, la Comisión de Selección de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, primer órgano ciudadano y plural nombrado en el Congreso del Estado, por tres años, el cual concluyó sus funciones en los últimos días del pasado julio, por ello vale la pena reflexionar sobre las actividades realizadas, a pesar de las resistencias y obstáculos que ha tenido para cumplir con su principal objetivo.
La conformación de la comisión se caracterizó por ciudadanos comprometidos e independientes de cualquier influencia social, económica o política. Conforme a la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, fueron nueve integrantes, cuatro propuestos por Instituciones de Educación Superior y de Investigación y cinco por las Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes se constituyeron como cuerpo colegiado, plural con un mandato fundamental, designar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, con plena libertad para establecer sus propias reglas para el funcionamiento interno y definir sus atribuciones conforme a los principios de independencia, transparencia y rendición de cuentas.
El espíritu del sistema anticorrupción consiste en que la ciudadanía participe activa y funcionalmente ante la incredulidad e incapacidad del Estado, como lo describe Transparencia Internacional porque parece imposible que el mismo poder pueda combatir su propia corrupción, por ello, los encargados de realizar legal e institucionalmente el combate a la corrupción es el ciudadano debidamente empoderado para tal fin.
Una de las tareas más difícil del ser humano es reconocer que otro ser humano, igual que él, es una persona idónea para una función determinada, aún cuando haya reglas precisas y bien diseñadas porque estamos hablando de la subjetividad y la condición humana, por ello la importancia de esta comisión, además de constituir la primera etapa en la implementación del sistema en la entidad.
Desde su integración, fue cuestionada y criticada, el tribunal mediático sentenció su fracaso, la resistencia a su actuación fue evidente, el empoderamiento ciudadano generó una de las primeras resistencias al combate institucionalizado a la corrupción.
En ese sentido, considero que nos debe llamar la atención la desafección ciudadana por participar en el combate a la corrupción, ya que es uno de los factores que obstaculizan su combate, me explico.
Fue evidente la poca participación que tuvo la convocatoria para integrar esa primera comisión de selección, como lo establece Bandura, la agencia moral pasiva de los ciudadanos que tienen el perfil para integrarla, se hizo presente. La falta de esa agencia moral activa puede tener varias explicaciones y justificaciones, sin embargo, todo parece indicar que los ciudadanos no le dan valor al combate organizado de la corrupción, y más, porque no se estimula el interés de recibir algún beneficio económico, ya que las funciones y responsabilidades de sus integrantes son honoríficas.
Al no obtener beneficios personales para apoyar o actuar en actividades que defienden causas o programas sociales que generen cambios en la mentalidad o la cultura de las personas en sociedad como es el combate a la corrupción, no participan. En cambio, la participación en la convocatoria para integrar el Comité de Participación Ciudadana estuvo nutrida, lo cual, indudablemente es válido y legítimo, ya que los integrantes si reciben honorarios, porque así está diseñado el sistema anticorrupción, esto es, que el único beneficio que motiva a los integrantes de la comisión de selección es poner al servicio de la sociedad su voluntad, capacidad y talento para elegir en forma transparente, objetiva e imparcial a los integrantes del Comité Ciudadano Anticorrupción, por ello, es bueno cuestionar hasta dónde puede tener razón José Luis San Pedro cuando afirma que “los valores han sido sustituidos por el interés económico”.
Otro de los hechos que llaman la atención es la fundamentación legal de los actos que realizó dicha Comisión, porque ante el descrédito de la política y la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y quienes la integran, algunos ciudadanos en pleno y legítimo ejercicio de sus derechos impugnaron ante la justicia federal la integración del primer Comité de Participación Ciudadana, Tribunal que después del análisis de los agravios expuestos, dio la razón jurídica a la actuación de sus integrantes, lo cual hace evidente que fortalecieron el Estado de Derecho que nos rige, porque cumplieron con los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia y transparencia requeridos por la ley, pero más por la ciudadanía.
Derivado de las impugnaciones jurídicas y mediáticas, los integrantes de la comisión diseñaron y transparentaron un proceso de selección en donde la combinación de la ciencia, la técnica, lo cuantitativo y una valoración comparativa de competencias, actitudes, aptitudes, conocimientos y destrezas ayudó a obtener resultados objetivos, medibles e imparciales ante la compleja labor de valorar y elegir a ciudadanos.
Sin tener obligación, los integrantes de la comisión de selección presentaron informe de conclusión de funciones documentando la forma de actuación colegiada en momentos difíciles como han sido la instauración e implementación del sistema estatal anticorrupción, dejando las bases y la metodología que puede ser aplicada por los futuros integrantes.
Quisiera concluir esta colaboración insistiendo en que el principal objetivo del sistema anticorrupción en el Estado sigue siendo formar a la ciudadanía y convencerla de que el combate institucionalizado es real, que el reto es promover la agencia moral activa (Bandura) de los ciudadanos y generar la cultura anticorrupción en sociedad, porque es responsabilidad de todos.
Esperamos que la nueva convocatoria del Congreso del Estado para elegir a los nuevos integrantes de la comisión de selección sea una oportunidad para que un gran número de ciudadanos participen en su conformación, porque se requiere talento, madurez y compromiso para fortalecer los procesos y las metodologías de selección de las personas idóneas que integren el Comité de Participación Ciudadana, motor del sistema estatal anticorrupción.
