Por APRO/Arturo Rodríguez
El 30 de agosto hubo ensayo general. El propósito era conocer el lugar, saber por dónde llegar, identificar los puntos críticos, los puestos de seguridad, establecer el perímetro que serviría más tarde a la logística… Era una evaluación que empataba con la exigencia de renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo una previsión porque, eventualmente, llegarían a tomar el Zócalo capitalino.
El “consejo rector” del Frente Nacional Antiamlo (Frena), un grupo de WhatsApp en el que según su vocero, Gilberto Lozano, se deciden las acciones a tomar, consideró las dos necesidades pero también una más: medir la capacidad de apoyo económico de los simpatizantes para saber si sería posible aspirar a una estancia más larga.
Consultado por Proceso, Lozano rechaza siempre que sea financiado por grandes magnates o fundaciones extranjeras. En particular, niega apoyo de José Antonio Fernández Carvajal, el presidente de Grupo Femsa, identificado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los implicados en el llamado Bloque Opositor Amplio, el 10 de junio, cuando ya el Frena había realizado su segunda caravana vehicular.
“Son puros empresarios medianos, pequeños… ninguno de los grandes. Gente que está en contra de esta dictadura”, dice Lozano.
A mediados de agosto Frena había realizado cinco caravanas vehiculares en las principales ciudades del país, cada 15 días, exponiéndose a la burla en redes sociales por protestar en vehículos de lujo, por las cartulinas con clasismo y por los errores que se volvían virales en sus expresiones. En agosto avanzó con su iniciativa #TomalaPlaza y, culminación de eso, llegaba al 30 de agosto con asistentes de distintas partes del país que, en su estimado, reunió a 80 mil personas.
En el “consejo rector” hubo entusiasmo. Karina Rodríguez, coordinadora de Nuevo León; Nina Marín, de Torreón, y otros participantes propusieron precipitar la toma del Zócalo. La discusión se centraba en la fecha, pues una propuesta era realizar la movilización el 15 de septiembre y otra, esperar al 19, fecha conmemorativa de los sismos que sería aprovechada para señalar los asuntos pendientes.
Un empresario de la seguridad puso un cuerpo para proteger a los voceros del movimiento; un mayor del Ejército en retiro se ofreció a coordinar; empresarios de Nuevo León donaron efectivo para pasajes; otros capitalinos pusieron los alimentos y trabajaron rápidamente en la logística.
Consideraron los 195 por 240 metros de la Plaza de la Constitución, realizaron una cuadrícula para instalar “con medidas de sana distancia” 3 mil 600 tiendas para un total de 4 mil personas, contando individuos y matrimonios. La presencia sería escalonada, cinco días por cada contingente de cada tres estados, de manera que nadie debiera permanecer más tiempo ni regresar hasta dentro de dos meses.
Habitaciones de hotel rentadas en el Centro Histórico para recibir lo mismo pernoctas que para el aseo personal de los acampantes, según Lozano, porque nadie se tiene que quedar, no es obligatorio.
Con ese cálculo, el “consejo rector”, consideró que podían permanecer ahí tres meses para llegar al 30 de noviembre, fecha que habían elegido para que el presidente López Obrador renunciara, presionando diario con un equipo de sonido las mañaneras y generando una dinámica de motivación a los acampantes.
Seis empresarios de Sonora financiaron el equipo de sonido, que asciende a 10 millones de pesos. No es cualquier megáfono, sino grandes altavoces similares a los utilizados en conciertos, que reproducirían mensajes de Frena a la hora de la conferencia matutina de López Obrador: una especie de “contramañanera”.
“Dijimos: hay que hacer lo que hizo Bolivia –reitera Lozano–. Plantarnos, decididos, pacíficos, hasta que López se vaya.”
Con todo listo, el sábado 19 Frenaaa intentó concretar su plan, pero nada resultó. En la avenida Juárez un cerco policiaco les impidió avanzar.
Desde el campamento en avenida Juárez y ya en el Zócalo desde el miércoles 23, pequeños contingentes acuden a gritar consignas en torno a las vallas y la formación policial: “No quieren pagar impuestos”, “ya se les acabó la corrupción”, “minoría rapaz”, y de manera personalizada, los insultos tienen nombre y apellido: Gilberto Lozano.
