En nuestro país, la justicia abierta (transparencia y participación ciudadana) se ha posicionado como un eje rector de las actuaciones judiciales en la materia electoral, teniendo como firme objetivo la satisfacción de los derechos de la ciudadanía. Para lograrlo, las autoridades electorales hemos implementado el lenguaje ciudadano en todas nuestras sentencias, privilegiando la comunicación efectiva con la sociedad.
Lo anterior, tiene la finalidad de abonar al correcto desarrollo de una sociedad democrática y velar en todo momento por la credibilidad en las Instituciones, puesto que las decisiones tomadas por los juzgadores deben ser entendidas de manera clara y precisa por la población.
Bajo tales consideraciones, la justicia abierta y la redacción de sentencias claras van de la mano, pues en el ámbito jurisdiccional a nivel nacional y en específico en la materia electoral se han implementado múltiples estrategias encaminadas a fortalecer el derecho de la ciudadanía a la justicia, mediante la emisión de resoluciones comprensibles, dejando de lado los tecnicismos y ambigüedades.
Sin embargo, además de la materia electoral, las otras ramas del derecho como civil, penal, familiar, laboral, mercantil, etcétera, han tenido la costumbre de utilizar modelos de sentencias poco amigables a la lectura y entendimiento de las y los justiciables.
Esta tendencia que ha sido sistemáticamente criticada por la ciudadanía, se ha arraigado durante muchos años dentro de la impartición de justicia del fuero común mexicano, pues con el uso de párrafos excesivamente largos y la utilización de lenguaje confuso y ambiguo, los fallos judiciales no abonan a la correcta comunicación del derecho.
Por lo tanto, ofrecer un acercamiento conciso del lenguaje escrito al hablado, eliminando todo aquello que resulte innecesario para comunicar el mensaje deseado por el juzgador, además de la utilización de estructuras sintácticas básicas para la construcción de oraciones simples y párrafos que expresen una idea a la vez, se ha vuelto una necesidad imperiosa de los entes jurisdiccionales.
No obstante, en bastantes ocasiones no quedan claros los motivos y fundamentos de las resoluciones judiciales, es decir, cuáles son los hechos que han sido comprobados y el razonamiento jurídico que se aplicó al caso en concreto, lo que provoca que las sentencias carezcan de poder de convencimiento y generen desconfianza en la ciudadanía.
Así pues, esta crisis de credibilidad que atraviesa la actividad jurisdiccional en México, requiere de manera urgente la implementación de medidas efectivas de comunicación entre jueces y justiciables.
El objetivo de generar resoluciones más breves y sobre todo de fácil entendimiento, trajo consigo un cambio en el accionar de los entes jurisdiccionales, pues hasta la fecha, ha regido la actuación de las distintas Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes.
Es así que, el realizar sentencias breves y entendibles, implica además del respeto a los principios constitucionales y electorales, la observancia de las siguientes características:
*Exhaustividad: analizar todas y cada una de las razones ofrecidas por las partes;
*Pertinencia o relevancia de la información: presentar la información y argumentos que efectivamente son relevantes para la decisión;
*Delimitación de la temática: identificar el problema jurídico a resolver;
*Consistencia argumentativa: atender las relaciones lógicas y conexiones entre los razonamientos presentados en el fallo;
*Claridad del lenguaje: adoptar un uso del lenguaje jurídico llano lo suficientemente comprensible para la ciudadanía, de tal suerte que en medida de lo posible sea accesible para las personas que carecen de una formación jurídica.
Bajo esa inteligencia, en el caso particular de nuestra entidad federativa, las resoluciones dictadas por el Tribunal local promueven un lenguaje ciudadano e incluyente, consecuentemente el proceso electoral 2020-2021 que está en puerta para Aguascalientes, será un reto importante para la administración de justicia, pues aún y cuando la redacción y sustanciación de sus fallos sea correcta y conforme a derecho, el ciudadano debe comprender el sentido de lo resuelto, por tanto, la implementación de terminologías sencillas y concretas resultará indispensable a fin de que su entendimiento y difusión sea más rápida y eficiente.
En tal sentido, crear y promover sentencias con lenguaje ciudadano generará una correcta comunicación y entendimiento con la sociedad, lo que sin duda traerá consigo el incremento de la confianza ciudadana en las autoridades jurisdiccionales, el respeto a la certeza y seguridad jurídica y, por ende, el fortalecimiento de nuestra democracia.
