APRO/Gloria Leticia Díaz
Feministas, académicas e integrantes de la sociedad civil reprobaron las omisiones y falsedades sobre la situación de violencia que viven las mujeres en México en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador alusivo a su Segundo Informe de Gobierno.
En conferencia, Wendy Figueroa, de la Red Nacional de Refugios (RNR); Lucía Melgar Palacios, académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Arussi Unda, de Brujas del Mar, y Edith Olivares Fierro, de Amnistía Internacional, comentaron el mensaje presidencial a la luz de las reducciones presupuestales a programas de protección a mujeres, así como el incremento de la violencia feminicida en el último año, contrario a las expresiones presidenciales.
Las activistas lamentaron que el Estado mexicano haya solicitado al Comité de Naciones Unidas que vigila el complimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) una prórroga para presentar el informe intermedio, que debió enviarse en julio pasado, sobre recomendaciones formuladas en 2018.
Wendy Figueroa destacó que en el informe “De los discursos a los hechos”, elaborado por organizaciones que integran el colectivo Nosotras tenemos otros datos, se advierte que, con la propia información gubernamental, carece de sustento el discurso de López Obrador cuando habla de la disminución de feminicidios.
De acuerdo a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va del año, se cometieron 2 mil 240 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 566 fueron clasificados como feminicidios, que supera a los 519 cometidos en el mismo periodo del año pasado, que cerró con 934 feminicidios.
La directora de la RNR hizo un recuento de omisiones para atender las violencias contra las mujeres, destacando que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a este año (PEF 2020), se pudo observar que en el Anexo 13 destinado para paliar las diferencias de género entre hombres y mujeres, corresponde al 2% del presupuesto total.
De ese fondo, “el 58% fue destinado para la entrega de dinero sin que vayan encaminados a disminuir la brecha de desigualdad porque carecen de enfoque intersectorial por razones de género”.
Figueroa resaltó que del fondo presupuestario este año se destinó 0.03% para refugios; 2.3% para salud materna, sexual y reproductiva, y a las Casas de la Mujer Indígena 0.08%.
Mientras faltan recursos, Figueroa resaltó que se incrementó en 71% la atención de las RNR para mujeres vía telefónica, en tanto que 51% de los niños, niñas y adolescentes que llegaron a esos centros de protección, fueron víctimas de violencia sexual en sus casas: “Como se puede ver, el compromiso con las mujeres no se ve en el presupuesto, no se refleja ni en los discursos ni en los hechos, cuando deben ponerse en el centro de la actuación los derechos de las mujeres”.
Lucía Melgar Palacios consideró que la prórroga que solicitó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para presentar el informe al comité Cedaw, podría explicarse a que “no hay realmente mucho que decir sobre los avances de las recomendaciones que se hicieron en 2018, una de ellas ha sido precisamente la eliminación de estereotipos, y ahora en el contexto de la pandemia lo que se dice es que las mujeres tienen que cuidar a las familias, lo que contribuye a la violencia”.
Al señalar que el discurso presidencial está “alejado de la realidad”, Melgar consideró “escalofriante la violencia machista”, tanto que en la pandemia la RNR ha realizado 28 rescates de mujeres en situación de violencia extrema, “lo que quiere decir que todo ha fallado porque el gobierno no ha hecho su trabajo, y las instancias encargadas del tema como la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Consejo Nacional para Prevenir la Violencia y la Discriminación contra las Mujeres (Conavim), tendrán que rendir cuentas por su falta de política adecuada”.
Melgar destacó que el desdén hacia las mujeres no es nuevo, se presentó en administraciones anteriores, pero “nunca fue tan evidente que al gobierno no le importan las mujeres como ahora”, situación que se evidencia con las “acciones ineficientes, desarticuladas, sin programas de atención verdadera, sólo ocurrencias como la de ‘Cuenta hasta 10’, cuando las familias mexicanas son machistas, verticales, autoritarias, no fraternas”.
La académica insistió en la confrontación con la realidad, al resaltar que mientras en el discurso presidencial se aseguró que “estaban cubiertas las necesidades de las mujeres indígenas con los Programas de Bienestar”, lo cierto es que con la desaparición de Prospera, que daba becas y servicio médico a las mujeres indígenas, muchas se quedaron en la indefensión, porque el programa Sembrando Vida, “es inaccesible para ellas porque por ser mujeres no tienen acceso a un terreno”.
Arussi Unda reprobó que, desde la mirada presidencial, las mujeres de México “sean vistas como personal de servicio, porque tenemos que cuidar a los hijos, a los abuelos, a los que se enfermen de covid-19, además de trabajar y de educar a los hijos durante el confinamiento; esas palabras me hacen pensar que el presidente está convencido de que la violencia contra las mujeres es responsabilidad de ellas”.
La defensora consideró preocupante que a la par que el actual gobierno no reconoce a las mujeres como ciudadanas con plenos derechos, “esté atacando a las organizaciones sociales en un país en que defender derechos te puede costar la vida”.
Edith Olivares lamentó que el gobierno actual haya pedido una prórroga al Comité Cedaw, cuando las cifras oficiales, que contradicen el discurso presidencial, “son utilizadas por las organizaciones sociales para presentar los informes alternativos”.
La defensora destacó que, de enero a julio, Amnistía Internacional registró un incremento de 5% en asesinatos de mujeres, tendencia que viene arrastrándose en el país desde hace diez años.
De la misma manera, mientras el presidente sostuvo que “no hay masacres, que no hay desapariciones, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas registran más de 11 mil personas desaparecidas durante su gobierno”.
Olivares señaló que “desde el movimiento internacional hay preocupación”, porque no se reconoce la crisis humanitaria, sino que impera “una narrativa de negación”, de ahí que conminó a “reconocer los feminicidios como parte de la crisis para encaminarnos a una solución”.
