APRO/Gloria Leticia Díaz
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) responsabilizó a las 30 entidades federativas que no han despenalizado el aborto de la “injusticia y violencia” cometida contra las mujeres, así como de las muertes por abortos mal practicados, por lo que consideró que “la falta de acceso al aborto legal, seguro y gratuito es una clara violación a sus derechos fundamentales”.
En un pronunciamiento con motivo del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el organismo lamentó que hasta el momento sólo en Ciudad de México y en Oaxaca se ha legalizado la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación, en los años 2007 y 2019, respectivamente.
La CNDH retomó el reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sobre la incidencia delictiva del fuero común, en el que se resalta que, en 2020, a nivel nacional, 434 abortos fueron clasificados como delitos en Estado de México (101), Nuevo León (67) y Ciudad de México (57).
“La situación de criminalización contra las mujeres por interrumpir un embarazo representa una grave violación a sus derechos y niega toda posibilidad de decisión sobre su vida reproductiva”, alertó la CNDH.
Tras reconocer a la Ciudad de México y Oaxaca por despenalizar el aborto, el organismo agregó que en los 30 estados restantes que “se les ha negado a las mujeres el acceso a ese derecho, son corresponsables de la injusticia y violencia cometida contra ellas, así como de la clandestinidad y muertes por abortos mal practicados y de la impunidad alrededor de ellos”.
Para el organismo, la penalización del aborto “no sólo provoca una situación de discriminación jurídica y de injusticia social, también naturaliza la violencia institucional contra las mujeres con argumentos basados en prejuicios, religiones y posiciones personales por encima de los derechos humanos, la laicidad y el mandato constitucional de la igualdad y la discriminación”.
Resaltó que pase a que en el ámbito nacional existen causales de no punibilidad para acceder a un aborto seguro y legal, como el embarazo por violación, por estar en riesgo la vida de la mujer, por malformaciones congénitas del producto, por razones imprudenciales, por razones económicas, entre otras, “en la práctica se imponen múltiples barreras para que en los cuerpos de las mujeres decidan otros, nunca ellas”.
La CNDH consideró que la penalización del aborto “vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como los relativos a la igualdad y la no discriminación, a la autodeterminación, a la vida, a no ser sometidas a torturas, a la libertad y seguridad personales, a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida y la familia y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión”.
El organismo alentó a las 30 entidades federativas a que “en el marco de sus competencias, garanticen el aborto legal, seguro y gratuito como parte de los derechos humanos de las mujeres para el acceso a una ciudadanía plena y una vida digna”.
Alertó que “la facultad de decidir en lo relativo a los derechos sexuales y reproductivos (…) está garantizada jurídicamente en México por la Constitución Política”, en el artículo cuarto, derecho de las mujeres reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al señalar que “toda persona tiene derecho a elegir de manera libre su proyecto de vida”.
En el contexto del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) realizó colocó 7 mil pañuelos verdes en el Monumento a la Revolución como para respaldar el “Grito Global por el Aborto Legal y Seguro”.
En un comunicado la organización señaló que la acción es una demostración de que a pesar del confinamiento por la pandemia “seguimos luchando para que el acceso al aborto seguro sea una realidad y que es urgente que se despenalice en todo el país”.
La organización alertó que de acuerdo a Consejo Nacional de Población y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, “en México se prevén 171 mil embarazos no deseados o planeados entre 2020 y 2021”, debido al confinamiento, además de que en este periodo “los abortos legales disminuyeron en un 40% en la Ciudad de México por las dificultades a las que se enfrentan las mujeres de todo el país para poder viajar a la capital del país”.
A un año de la despenalización del aborto en Oaxaca, GIRE recordó que el gobierno estatal está obligado a garantizar servicios de salud adecuados para preservar el derecho de las mujeres a decidir sobre su salud sexual y reproductiva.
La organización urgió a despenalizar el aborto en todo el país, “mientras esto no suceda somos las organizaciones de la sociedad civil y colectivas de mujeres quienes cubrimos las omisiones del Estado, con el riesgo de ser criminalizadas”.
Sobre la movilización en el Monumento a la Revolución, GIRE puntualizó: “Dejamos claro que, a pesar del confinamiento, no descansaremos hasta que se deje de criminalizar a las mujeres por interrumpir sus embarazos y que las mujeres dejen de poner en riesgo su salud y su vida por abortos inseguros”.
