¿Es posible que López Obrador pueda usar una consulta ciudadana para llevar a los ex presidentes a juicio, cómo se está planteando en estos momentos?, la respuesta es no. No existe ningún argumento constitucional para lo que está planteando el tabasqueño. Es más, los juristas más respetados coinciden en que se trata de un despropósito y una perversidad.
Por nuestra parte, quienes hacemos un análisis político de los diferentes escenarios y las decisiones que se toman en la esfera pública consideramos que se trata, además de un desvarío presidencial, de un distractor con el cual se busca agitar el ánimo del pueblo en la plaza pública.
Los motivos para hacerlo sobran: la economía está en colapso y el poder adquisitivo de los mexicanos es cada vez menor, tenemos frente a nosotros la peor crisis sanitaria del último siglo (que no ha sabido manejar el gobierno federal), la corrupción ronda el circulo más cercano del primer mandatario y por si fuera poco, la ingobernabilidad es el rasgo distintivo de regiones enteras del país.
Con una consulta así, está convencido Andrés Manuel, puede volcar la atención de la opinión pública hacia un terreno que le resulta cómodo: el de culpar al pasado.
Lo cierto es que, ocurrencia o no, la consulta que plantea y que alientan los principales voceros de la mal llamada Cuarta Transformación, es anticonstitucional y viola distintos principios como el derecho a un juicio justo que se lleve a cabo en tribunales, el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia, por ejemplo.
Pero también, con el planteamiento que ha puesto sobre la mesa López Obrador, se distorsiona por completo la esencia de la figura de la consulta ciudadana y además se vulnera la defensa misma de los derechos humanos, que también se contempla en la fracción VIII inciso C Párrafo 3ro. del Artículo 35 constitucional.
Lo que puede ser un instrumento muy valioso de la democracia para alentar la participación política de la sociedad en la toma de decisiones o en la evaluación de políticas públicas, se reduce a un arma de propaganda que permite el escarnio público de los ex presidentes, a quienes por cierto, ni siquiera el propio Andrés Manuel sabe de qué supuestos delitos acusa.
Mientras la consulta arrecia en las principales plazas públicas del país, los decesos por Covid19 continúan aumentando de manera estrepitosa y nuevos indicadores sobre el desempeño de la economía nacional nos estremecen. Pese a ello, la miopía y la arrogancia del gobierno lopezobradorista se imponen. Así lo demuestra el Paquete Económico 2021, en el que la Secretaría de Hacienda esboza “un mundo color de rosa” de ingresos excedentes, que ni siquiera se tenían antes de la pandemia.
Y aunque el ejercicio parece no haber rendido los frutos que esperaba el presidente, pues su partido, Morena, se quedó corto en la recolección de firmas ciudadanas que se necesitan para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acepte la consulta; todo apunta a que se echará a andar el plan B, es decir, se usará la facultad que tiene el Ejecutivo para enviar al Poder Legislativo (donde tiene mayoría) y de ahí al Judicial, la solicitud de juicio contra los ex presidentes de México.
Y en eso enfoca sus fuerzas el lopezobradorismo, mientras el país está sumergido en la peor de las crisis de la historia moderna. Las soluciones pueden esperar, la plaza enardecida no.
