Regresarían al cuartel, y el Estado terminó siendo el cuartel.
La idea de contar con un Estado de naturaleza civil es la de que todas las personas y autoridades convivan para el desarrollo individual y colectivo, bajo el esquema del Derecho, y que todas las decisiones y actividades se realicen bajo su amparo, con el fin de garantizar la satisfacción de necesidades de todos sus integrantes.
Para su estructura y desarrollo, controla el uso fuerza, el cual se usa de manera excepcional cuando sea necesario cumplir con los fines individuales y colectivos. Esa fuerza al interior es de carácter civil, pues se entiende que está creada por y para los propios ciudadanos, con una formación de atención y protección a sus derechos, y con un fin de servir al ciudadano para mantener el orden, por lo que su ejercicio lesivo es de menor grado. En cambio, hacia el exterior, para la defensa del Estado frente interferencias arbitrarias de otras Naciones, se cuenta con una fuerza de carácter bélico, con una formación distinta, que si bien contempla la protección de derechos, se enfoca en ejercer fuerza de alto grado, estratégica e incluso letal, para neutralizar y eliminar las amenazas a la integración y estabilidad del país.
Es decir, en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho la fuerza constante y permanente es de baja graduación y carácter civil, con otra formación y diverso perfil; mientras que la fuerza excepcional es de alta graduación y de carácter bélico, que eventualmente debe salir de sus cuarteles cuando se tengan latentes esas amenazas externas para contrarrestarlas; de lo contrario, su presencia permanente en el interior del Estado, a largo plazo sustituye la fuerza de seguridad de carácter civil, convirtiendo a los ciudadanos en los enemigos que hay que combatir con alto nivel de fuerza. Es decir, ¿qué pasa cuando personas armadas se enfrentan a personas desarmadas? ¿qué ocurre cuando personas con armas sofisticadas se enfrentan a personas con armas domésticas? La respuesta es el Estado militar.
En México, hace más de 10 años reinició el Estado militar al enviar al Ejército a las calles para “combatir” la delincuencia. Hasta el momento la delincuencia sigue vigente, incrementándose la violencia, y sin disminuir sus efectos a pesar de que la milicia sigue en función de patrullaje. Datos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional nos muestran que en los últimos 13 años han fallecido 2230 elementos al realizar tareas de seguridad; el mayor porcentaje de esas muertes fue de integrantes de la tropa, el grado más bajo y peor remunerado de la jerarquía del Ejército; en contraste, sólo en el 2018 se superaron las 36,000 muertes por causa violenta.
Hace pocos años hubo un intento de crear una policía militarizada por medio de una ley que fue declarada inconstitucional, por lo que la actual administración impulsó una reforma constitucional para permitir esa creación de ley. Hoy, la milicia no solamente se sigue encargando de funciones de seguridad pública y policía, sino que ya cuenta con una Guardia Nacional, se le han entregado las aduanas, se encarga de la construcción y control del nuevo aeropuerto, y recientemente se le ha facultado para vigilar y ejecutar los mandamientos del Poder Judicial Federal en materia de medidas cautelares; es decir, ya tiene a su cargo la ejecución de las órdenes de los tribunales militares, y ahora el Ejército se va a encargar de ejecutar parte de los mandamientos del Poder Judicial, con todo lo que ello implicará.
Ante esto, si se alzan las voces en el sentido de que estas situaciones contradicen la norma constitucional y al Estado de Derecho, la respuesta actual es la amenaza de reformar la Constitución; la sátira presentada en la séptima temporada de los Simpson y su canción de la enmienda: la reforma constitucional hace legal lo que es ilegal.
Que quede claro, de ninguna forma estamos en contra de combatir la desigualdad, de acabar con los monopolios, de combatir la acumulación de la riqueza que tienen unos pocos para lograr su distribución con los muchos y acabar con la pobreza. Coincidimos en que debe trabajarse para las personas, para los olvidados, para los otros que han sido sistemáticamente negados en sus derechos, para que de una vez por todas sean vistos, reconocidos y protegidos. Pero ninguna visión social o de trabajo por los pobres y para los pobres es a través de la militarización de todo; ninguna de estas ideas permite que la milicia se apodere de una Nación, menos del pueblo.
Al parecer regresarían al cuartel, y la Nación terminó siendo el cuartel. El Estado civil se vuelve excepción, mientras el Estado bélico aspira a ser la regla. Ya puse el “altar de muerto” a mis esperanzas de que las Instituciones del país no sean militarizadas; espero no tener que poner otros altares a los pocos derechos humanos que realmente nos quedan.
