- En especial con los relacionados con la Protección de Personas Defensoras y Periodistas
- En el 2020 la ONU documentó el asesinato de 7 personas defensoras de DH y 4 periodistas
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana, hizo un llamado al Poder Legislativo y al titular del Ejecutivo a desistir en la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas sí como del Fondo para la Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
“Rechazamos cualquier decisión que ponga en peligro la vida e integridad de víctimas, personas defensoras y periodistas”, señaló Yadira González de la Red de Enlaces Nacionales, víctima y defensora de derechos humanos, al destacar que el combate a la corrupción no se logra extinguiendo fideicomisos y fondos, y sí fortaleciendo mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Acentuó que el acceso a la verdad, memoria, justicia y reparación, así como la vida e integridad de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas se encuentran ahora en grave peligro, ya que México es el segundo país del mundo con el mayor número de personas defensoras y periodistas asesinadas.
Tan solo en lo que va del año 2020, ONU-DH ha documentado el asesinato de 7 personas defensoras de derechos humanos y organizaciones han señalado al menos 4 casos de periodistas asesinados. Además, existe un claro discurso desde el Poder Ejecutivo que criminaliza y estigmatiza la labor de defensa de derechos humanos de las organizaciones de la sociedad, así como la libertad de expresión.
Ahora, este amplio grupo de personas enfrentan un desafío mayor: el riesgo de que su vida se ponga en peligro debido a que las medidas que garantizan su seguridad podrían verse afectadas tras la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. El primero sirve exclusivamente para costear las medidas de protección designadas para salvaguardar la vida e integridad de las personas beneficiarias; el segundo para brindar las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, todos ellos elementos importantes para que puedan salvaguardar su integridad personal y las víctimas accedan a la justicia.
La desaparición de ambos fideicomisos fue contemplada dentro del paquete de 109 fideicomisos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el pasado 29 de septiembre y que este 1 de octubre, se aprobó en el pleno de la Cámara.
Ángel Ruiz Tovar, investigador del Programa de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, enfatizó que la desaparición de los mencionados fideicomisos implica un grave riesgo, a mediano y largo plazo, para la justicia, verdad y reparación de las miles de víctimas en el país, así como para el ejercicio seguro del periodismo y la defensa de los derechos humanos en México.
Itzia Miravete Veraza, coordinadora de Documentación y Seguimiento de Artículo 19 y como representante del Espacio OSC, manifestó que la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha señalado que la eliminación del Fideicomiso tendrá impactos negativos en el desarrollo de las acciones de protección para las mil 304 personas –418 periodistas y 886 defensoras de derechos humanos– a las que actualmente brinda medidas de protección, “el fideicomiso es el principal instrumento financiero para la implementación de las medidas urgentes para su protección, es decir, significa salvar vidas”.
Además, expuso que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de 2018 a 2019 ha tenido un incremento de gastos para la atención a víctimas, mientras que la dotación de recursos al Fondo ha disminuido en 2019, 2020 y lo proyectado a 2021. La eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral implica que no haya un recurso económico destinado exclusivamente para atender las necesidades específicas de las víctimas y repararles los daños, por ejemplo, medidas de ayuda para alimentación, vivienda, transporte, gastos funerarios, entre otros. Además, delegar el pago de las reparaciones del daño derivado del presupuesto total designado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las Comisiones estatales, implica que no haya suficientes recursos para atender tal fin.
“Rechazamos que se use la pandemia de Covid-19 como argumento para su eliminación. En el contexto actual de violencia y pandemia, el Estado mexicano tiene el deber reforzado de proteger y garantizar la vida y los derechos de quienes han sido víctimas de violencia, desplazamiento, y violaciones de derechos humanos”, expresó Jade Ramírez, de Periodistas de a Pie.
