- Delegado aseguró que no puede opinar de temas políticos, partidistas, ni electorales
- Confía funcionario federal en las autoridades para que investiguen este contrato
Pide el delegado del bienestar en Aguascalientes, Aldo Ruiz Sánchez, que se investigue el contrato de adjudicación directa hecha a la empresa IBN de Arturo Ávila Anaya, excandidato de Morena.
Recientemente fue detenido por la DEA el general Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, debido a sus lazos con el narcotráfico y lavado de dinero.
Tras la noticia, también recordó que el excandidato a la alcaldía capitalina y CEO de IBN Industria Militares, Arturo Ávila Anaya, fue beneficiado con un contrato de millones de pesos por medio de un contrato de adjudicación directa y que sucedió en medio de una campaña mediática que tenía como objetivo promocionar su imagen rumbo a la candidatura por Morena.
Al respecto el delegado de la Secretaría del Bienestar, Aldo Ruiz, dijo no haber tenido conocimiento de este contrato hecho el año pasado, pero pidió que se investigue alguna anomalía en su contratación: “Están ahí las autoridades, que se investigue. Nosotros estamos concentrados en esta encomienda y eso nos limita mucho en estar opinando en ese tipo de temas a veces”, declaró durante la rueda de prensa matutina.
Subrayó el delegado que, por indicaciones presidenciales, se tiene la instrucción de no tocar temas partidistas, electorales o políticos, por lo que sus opiniones incluso del mismo partido son limitadas. Dijo que, al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, no meterá las manos al fuego por nadie.
Según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente, establece que, cuando un contrato por adjudicación directa sobrepase el valor de 300 veces el salario mínimo, se debe de tener la propuesta por lo menos de tres distintas empresas, por lo que este contrato de 20 millones debió de haber tenido un proceso adecuado de licitación.
el Bienestar, Aldo Ruiz, dijo no haber tenido conocimiento de este contrato hecho el año pasado, pero pidió que se investigue alguna anomalía en su contratación: “Están ahí las autoridades, que se investigue. Nosotros estamos concentrados en esta encomienda y eso nos limita mucho en estar opinando en ese tipo de temas a veces”, declaró durante la rueda de prensa matutina.
Subrayó el delegado que, por indicaciones presidenciales, se tiene la instrucción de no tocar temas partidistas, electorales o políticos, por lo que sus opiniones incluso del mismo partido son limitadas. Dijo que, al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, no meterá las manos al fuego por nadie.
Según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente, establece que, cuando un contrato por adjudicación directa sobrepase el valor de 300 veces el salario mínimo, se debe de tener la propuesta por lo menos de tres distintas empresas, por lo que este contrato de 20 millones debió de haber tenido un proceso adecuado de licitación.
