- Pidieron que el Gobierno Federal realice un diagnóstico serio sobre estos mecanismos y propuestas que permitan mejorar la transparencia y rendición de cuentas
Después de que el Senado avaló desaparecer 109 fideicomisos, entre ellos los fondos para víctimas de la violencia y periodistas y personas defensoras, cuya vida está en riesgo, organizaciones civiles pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador vetar las reformas para que no entren en vigor.
En un pronunciamiento, los colectivos llamaron al Ejecutivo a detener la desaparición del Fondo de Ayuda, Atención y Reparación Integral y el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada el 20 de octubre por el Senado de la República.
Pidieron que el gobierno federal realice un diagnóstico serio sobre estos mecanismos y propuestas que permitan mejorar la transparencia y rendición de cuentas que garanticen un mejor manejo de recursos sin poner en riesgo la vida y seguridad de víctimas, personas defensoras y periodistas.
En su documento también se dirigieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a quien exigieron información sobre las medidas que adoptará el Gobierno para garantizar el máximo de recursos disponibles para proteger los derechos a la defensa de Derechos Humanos, la libertad de expresión y la reparación integral para víctimas.
En redes sociales también manifestaron su descontento. La organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión, dijo que con la eliminación de la figura de fideicomiso para periodistas y personas defensoras en riesgo, se avanza en el desmantelamiento de instituciones que hasta ahora procuraban sus derechos.
La decisión de desaparecer los fondos de manera masiva y absoluta, impulsada desde el Ejecutivo y aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, resulta preocupante y desproporcionada para los colectivos, pero además dijeron que el decreto aprobado carece de claridad sobre dónde estarán y cómo ejercerán los recursos obtenidos de las reformas.
Las agrupaciones reclamaron que el proceso de aprobación no cumplió con los principios de parlamento abierto ni fue transparente, ya que no se hicieron públicas las razones por las cuales la extinción era la medida más adecuada, ni las determinaciones para no considerar las opiniones vertidas por la sociedad civil y la academia.
A su vez la organización Amnistía Internacional aseguró en redes sociales que se mantendrá vigilante para que la extinción de fideicomisos no implique desatención a víctimas ni ponga en mayor riesgo la protección de personas defensoras y periodistas.
En el caso de periodistas y personas defensoras las organizaciones firmantes expresaron su preocupación pues la eliminación del fideicomiso implica un retroceso en la política de protección a personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas en la que la viabilidad del Mecanismo, que opera la Secretaría de Gobernación, pudiera encontrarse en riesgo.
Por otro lado, en el caso de los recursos para protección y reparación de víctimas contemplados señalaron que se trata de un retroceso grave en las garantías de acceso a la justicia, verdad, memoria y reparación integral.
En este contexto, la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos aseguró que México tiene la obligación internacional de garantizar el máximo de recursos disponibles para la reparación integral de víctimas así como para proteger a defensores y periodistas.
Las organizaciones también reclamaron que previo a la aprobación diversos grupos afectados solicitaron ser escuchados y tomados en cuenta. Sin embargo, fueron ignorados, por lo que las víctimas cerraron el acceso al Senado para impedir la entrada, pero aún así la sesión se convocó en la antigua sede del Senado, rodeada de policías, donde se aprobó el dictamen.
