El Senado de la República aprobó recientemente un dictamen que regula el uso lúdico de la marihuana. Este es un acontecimiento histórico, pues se abren un poco más las puertas hacia la despenalización y la legalización completa, sin embargo aún queda mucho camino por recorrer.
Es una gran noticia que se apueste por permitir que se consuma esta hierba de forma libre, puesto que las políticas de persecución y prohibición han traído grandes perjuicios a las personas que de alguna forma se relacionan con este producto. Punitivismo, violencia, abusos, estigmatización, marginación, persecución, entre otras han sido consecuencia de una política que ha prohibido el uso de la marihuana por motivos más morales que de salud.
Este es una gran paso, sin embargo, diversas personas y asociaciones han mostrado sus reservas acerca del dictamen, pues consideran que todavía no permite que las personas usuarias de este producto tengan acceso al pleno goce de sus derechos y libertades. Estos son algunos de los reclamos.
Fin del punitivismo
Las reformas a las leyes competentes a este tema no eliminan el delito por posesión simple, sino que solamente aumentan el gramaje permitido que cualquiera puede tener para su consumo. Una persona puede tener hasta 28 gramos de cannabis, si alguien tiene más de eso se hace acreedora a una multa y más de 200 gramos se considera delito de narcomenudeo, lo que se castiga con cárcel. Las multas son excesivas, pues oscilan los 10 000 pesos mexicanos y si una persona es detenida más de tres veces, deberá ir a terapia obligatoria.
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Esto quiere decir que el punitivismo y la criminalización siguen vigentes, es decir, las tendencias a castigar conductas consideradas inapropiadas, aunque estas no signifiquen un perjuicio por sí mismas. En el caso del delito posesión simple, se considera que las multas buscan sancionar actos que no dañan a nadie, continuando con la persecución hacia las y los usuarios de esta sustancia.
En un contexto donde el actuar de las fuerzas de seguridad y órganos judiciales no siempre se apega a derecho, resulta alarmante que se permitan este tipo de condenas, ya que abren la puerta a abusos y hostigamiento. Esto evita que una persona pueda efectivamente ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad, además que desde la ley no se contribuye a eliminar el estigma que existe hacia el uso de esta sustancia.
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Integración de personas y colectivos vulnerables
El dictamen aprobado establece procesos muy complicados para que las personas y colectivos en situación vulnerable y económicamente débiles puedan acceder a este mercado. Por el contrario, se abre el terreno para que grandes empresas nacionales y extranjeras puedan explotar casi sin límites este espacio. La gran cantidad de requisitos que existen para tramitar licencias, así los procesos específicos para el cultivo, transformación, distribución y venta dificultan la competencia de quienes no cuentan con las condiciones para competir contra grandes consorcios. Además, a estos se les permitirá obtener más de un tipo de permiso, por lo que podrán integrar verticalmente la industria completa del cannabis.
De igual forma, no hay políticas ni leyes que protejan a las y los productores más desfavorecidos, más allá de la reserva de un porcentaje de las licencias que serán emitidas. Si bien se creará el Instituto Mexicano del Cannabis, esta instancia actuará para vigilar y regular, no para proteger a colectivos que han sufrido la peor parte de la prohibición de la marihuana. No existe ningún mecanismo que evite que las grandes firmas se apropien enteramente de la industria del cannabis. Abrir un mercado tan grande sin precauciones, en un contexto de desigualdad brutal, solamente servirá para abrir aún más la brecha.
Reparación del daño
Ligado a los puntos anteriores, la persecución y violencia que han vivido las personas que consumen y producen esta planta no tendrá ninguna reparación considerable. Si bien se establece que las penas y antecedentes penales ligados a estas actividades deberán ser eliminados, no existen garantías que podrán vivir sin violencia.
Los daños provocados por el prohibicionismo y punitivismo deben ser reparados, esto significa justicia por los agravios de los cuales fueron víctimas, garantía de no repetición y alguna forma de compensación. Esta puede ser la protección y facilitación de las autoridades para disfrutar los beneficios de la producción y consumo de marihuana recreativa, sin embargo en este dictamen se prevén trabas y más vigilancia.
Aún falta que estas reformas sean discutidas y aprobadas (o enmendadas) en la Cámara de Diputados, por lo que puede que haya más cambios que se reflejen en la leyes que serán promulgadas. De igual forma, aún faltan las reglamentaciones, tanto aquellas referentes al uso lúdico como al uso medicinal, que llevan dos años esperando.
Esperemos que los argumentos de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales sean escuchados por el poder legislativo para tener una ley que realmente sea de beneficio para las y los mexicanos.
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