Uno de los pendientes más grandes en México es la impunidad. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2020, nuestro país ocupa el deshonroso y preocupante lugar 60 de 69 naciones evaluadas. Uno de los principales aspectos que señala dicho informe es que México tiene un sistema de justicia deficiente que impide garantizar esta condición a través de la red institucional.
Pues bien, es bajo este escenario que la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta sus primeras pruebas de fuego con el caso de la Estafa Maestra y con el caso Odebrecht. De entrada lo que hay que decir es que, si la Fiscalía no desahoga ambos casos mediante procesos legales pulcros y bien argumentados, cavará su propia tumba en este sexenio.
De acuerdo con el portal de noticias Animal Político y con la organización Mexicanos Unidos Contra la Corrupción (MUCC), en el sexenio peñanietista fueron desviados miles de millones de pesos a través de empresas fantasma. Banobras, con Alfredo del Mazo; Pemex con Emilio Lozoya y la Secretaría de Desarrollo Social con Rosario Robles al frente, habrían sido, de acuerdo con la investigación, las tres dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto, encargadas de cometer el fraude millonario (pero no las únicas).
Por otro lado y sobre Odebrecht, el caso de corrupción más grande de América Latina, se dice que Emilio Lozoya recibió sobornos millonarios de parte de la firma brasileña, que incluso habrían llegado a la campaña presidencial del PRI, en 2012, de la cual Lozoya era precisamente el coordinador. Recordemos que fueron señalamientos de testigos colaboradores en Brasil, los que habrían llevado a la detención del ex Director de Pemex en España.
Resultado de estos casos, la ex titular de la Sedesol, Rosario Robles, ha cumplido un año de prisión preventiva en una cárcel de la Ciudad de México, acusada de ejercicio indebido del servicio público; en tanto que el ex Director de Pemex, Emilio Lozoya, ha sido vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, pero se encuentra en prisión domiciliaria.
Sin embargo, en ambos casos no existe aún una sentencia en firme, pero sí distintos señalamientos que alcanzarían a funcionarios del más alto nivel del sexenio pasado. De hecho, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha iniciado ya una investigación de Luis Videgaray, uno de los hombres estrella del peñanietismo, señalado por Lozoya y por Emilio Zebadúa, quien fuera Oficial Mayor de la Sedesol y la Sedatu en el sexenio pasado.
Distintas lecturas se pueden hacer de lo que hemos visto hasta el momento. De entrada, por ejemplo, provoca desconfianza que luego del escarnio público que intentaba hacer el presidente Peña Nieto con ambos casos, intentando señalar a los partidos de oposición (PRI y PAN), cambiara drásticamente su discurso cuando salieron a la luz los videos donde su hermano Pío López Obrador fue exhibido recibiendo dinero en efectivo de parte de un ex funcionario del gobierno chiapaneco de Manuel Velasco.
Segundo, la figura de “testigo colaborador”, a la que buscan acogerse los implicados, parece ser hasta el momento una herramienta para inducir declaraciones y señalamientos de forma estratégica, que produzcan algún tipo de plusvalía para el régimen obradorista. Por ello, si la Fiscalía no presenta las pruebas necesarias y actúa en contra de los “peces gordos” que han sido acusados y expuestos por los más pequeños, la credibilidad de ésta se caerá a pedazos.
Y tercero, si la Fiscalía no actúa de manera imparcial, transparente y verdaderamente autónoma, se confirmará la persecución política que ejerce el gobierno de López Obrador, a través de ésta y de la UIF, que parece estar detrás del burdo espectáculo que hemos visto hasta este momento.
Tiempo al tiempo.
