El día de mañana inicia el Proceso Electoral Local 2020-2021 mediante el cual elegiremos a las autoridades legislativas y municipales de nuestro Estado.
El número total de representantes que habrán de elegirse para los Ayuntamientos del estado de Aguascalientes en el Proceso Electoral Concurrente Ordinario 2020- 2021, son ciento nueve (109) cargos. Con suplentes el número total es de doscientos dieciocho (218) representantes (Acuerdo CG-A-31/2020) y el 06 junio de 2021 celebraremos nuestra Jornada Electoral.
Por primera vez enfrentaremos como Estado la organización de elecciones con la nueva normalidad lo que implica repensar las estrategias para garantizar el acceso del voto libre, secreto y directo de la ciudadanía, cuidando en todo momento también su salud ante la pandemia mundial que hoy enfrentamos.
Ese será uno de los retos importantes que tendremos todas, todes y todos; desde ciudadanía hasta instituciones electorales y actores políticos pues esta elección se vislumbra casi virtual o al menos debería de serlo dada la emergencia en la que estamos. Según la revista La justicia en una pandemia (Julio 2020), que lanzó el “Segundo documento informativo titulado Justicia para todos/as y la crisis económica”, esta es una emergencia con tres capas: Una emergencia de salud pública que durará hasta que se produzca y distribuya una vacuna o hasta que se haya infectado suficiente gente para que las sociedades adquieran inmunidad de rebaño. Una crisis económica que llevará años desarrollarse plenamente y que podría durar gran parte de este decenio. Una dislocación política, social y cultural más amplia, que transformará las sociedades a lo largo de una generación, alimentada por la pandemia que expone duras desigualdades, y que corre el riesgo de debilitar nuestra capacidad de trabajar juntos, para resolver los problemas actuales y futuros.
En este sentido, esta elección será por decirlo poco, diferente.
Por otro lado, la elección representa para las mujeres un enorme avance en la protección al ejercicio de nuestros derechos político electorales, pues además de lineamientos para garantizar la paridad no sólo en las postulaciones a los cargos sino en la integración de los órganos públicos, en esta elección se contará con medidas como la iniciativa del INE contra la violencia de género que sanciona a todos aquellos aspirantes a candidaturas con el NO registro cuando estén dentro del padrón de deudores alimentarios, hayan sido condenados o sancionados por violencia doméstica, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal, asegurando con ello, la honorabilidad de la pretendida candidatura.
Para esta elección el segundo reto considerable entonces, será garantizar una participación política de las mujeres igualitaria, una integración legislativa y municipal que refleje como un espejo, la representación de las mujeres en los cargos de poder público.
Como sabemos, la paridad cuantitativa en el órgano legislativo estatal la hemos alcanzado desde los resultados de 2016 no así la paridad horizontal en nuestros municipios. Históricamente, por ejemplo en la capital del Estado hemos tenido desde que las mujeres tenemos acceso al voto (1955) a la actualidad sólo 4 mujeres alcaldesas, la primera justo en 1957 por la inercia quizá y algarabía de la coyuntura histórica que no se sostuvo en los años siguientes pues pasaron 34 sin que otra mujer ocupara el cargo como presidenta municipal del municipio más grande del Estado.
La deuda más importante esta ahí, en los municipios, donde en la mayoría nunca en su historia política han tenido una mujer al frente del cabildo (Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, Asientos, El Llano, Cosío, Calvillo, Jesús María y Tepezalá), pues las alcaldías son todavía, cargos monopolizados por el sexo masculino.
Es definitivamente en los municipios donde se presentan mayores resistencias para hacer efectiva la paridad y su presencia sigue siendo muy menor. Una de las propuestas para acelerar en esta elección su avance, consiste en trastocar la asignación proporcional que es donde debemos asegurarlos espacios para las mujeres, así mismo, es indispensable la cooperación de los partidos políticos para construir desde el interior de los mismos, liderazgos fuertes de mujeres empoderadas y reglas internas que aseguren su participación y su designación como candidatas en municipios y distritos donde efectivamente tengan oportunidad de hacer una buena competencia y ganar.
Es muy importante para el Estado y sus municipios dar este paso pues es como una inversión a futuro; el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), sostiene que cuando hay mayores porcentajes previos de concejalas en un país, ello se refleja en que después se convierten en legisladoras. Lo que nos beneficia al adquirir las mujeres mayor conocimiento y experiencia de la cosa pública y del ejercicio político.
Como señalábamos, además durante todo este proceso electoral se debe garantizar el acceso de las mujeres al ejercicio de una participación política libre de violencia y es que con la pandemia Covid-19, la violencia que afecta a las mujeres sobre todo en el ámbito doméstico se ha intensificado por lo que desde la ONU se han documentado medidas destinadas a prevenir y responder a la violencia en pareja, abordar las desventajas jurídicas y de otra índole para las mujeres pobres y marginadas siendo ellas quienes menos participación política tienen al menos lo que respecta a nuestro Estado. Son estas mujeres pobres y marginadas las que en su mayoría habitan nuestros municipios y que no tienen la posibilidad ni tampoco el interés de participar políticamente son mujeres que sufren altos grados de violencia; de ahí la necesidad de tener más mujeres al frente de los cabildos del Estado, que políticas públicas que nos protejan sobre todo a aquellas en situación de mayor vulnerabilidad y que contribuyan a su empoderamiento social, económico y político.
Afrontaremos entonces estos dos retos transversales durante este Proceso Electoral; corremos el riesgo de que la participación de la ciudadanía sea baja con todo lo que ello implica y si no queremos que esto suceda, estamos obligados, los distintos actores políticos e instituciones electorales, a proporcionarle a la ciudadanía los incentivos y seguridades necesarias para que acuda sin miedo a ejercer sus derechos políticos.
