- Janine M. Otálora Malassis será la encargada de elaborar el proyecto de resolución en los cuatro casos
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revisará tres impugnaciones que buscan echar abajo el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que obliga a los partidos políticos a postular a siete mujeres como candidatas a alguna de las 15 gubernaturas a elegirse en 2020.
De acuerdo con los asuntos en instrucción de la Sala Superior del Tribunal Electoral, suman tres recursos en contra del acuerdo (INE/CG569/2020) aprobado el pasado 6 de noviembre: uno del Partido Acción Nacional (PAN), otro del Senado de la República, con mayoría morenista, y uno más del también morenista Alejandro Rojas Díaz Durán.
La organización “Equilibra”, “Centro para Justicia Constitucional” y la aspirante a la candidatura a la gubernatura de Michoacán, Selene Lucía Vázquez Alatorre, presentaron un cuarto recurso, pero éste para defender la decisión del INE y argumentar que la paridad implicaría 15 candidaturas de mujeres debido a que actualmente hay 30 gobernadores hombres.
Las impugnaciones del PAN y el Senado alegan invasión de competencias porque el INE usurpó facultades legislativas que no tiene; mientras que Rojas Díaz Durán aseguró en su documento que el acuerdo lo deja fuera de toda aspiración y no beneficia a las mujeres porque ellas no podrán participar en ocho de las 15 candidaturas.
A fin de hacer llegar información a la magistrada Janine M. Otálora Malassis, quien será la encargada de elaborar el proyecto de resolución en los cuatro casos, alumnas y alumnos egresados de la VII Promoción de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la FLACSO-México, enviaron un Amicus, documento con argumentos, sobre la importancia de la paridad en gubernaturas.
En este documento, acompañado de firmas de defensoras de la participación política de las mujeres, se expone que si los partidos cumplen el acuerdo del INE, la decisión puede tener un efecto simbólico muy fuerte al enviar un mensaje sobre la posibilidad real de que todas y todos sean tomados en cuenta en el proceso de toma de decisiones.
Se señala que velar por la paridad es una acción acorde con el concepto más básico de justicia, entendiendo que en el mundo las mujeres no son la minoría de la población y que un criterio básico de representación en la democracia es que sus instancias reflejen a la sociedad en toda su amplitud.
La promoventes de este Amicus también indican que de acuerdo con la Constitución federal y los tratados internacionales de los que México forma parte, el Estado debe garantizar el derecho de las mujeres a participar en igualdad de condiciones con los hombres en todos los cargos y funciones públicas. Así como la obligación de los gobiernos de adoptar medidas especiales para promover el avance de las mujeres y la igualdad de género.
También, indica que la legislación electoral considera la paridad de género como Igualdad política entre mujeres y hombres, la que se garantiza con la asignación de 50 por ciento de candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación a las mujeres. Por tanto, en el documento se explica que los partidos deben cumplir este principio.
Entre los argumentos destaca que se defiende al INE como la autoridad encargada de garantizar la paridad de género y el respeto de los Derechos Humanos en el ámbito político y electoral. Es decir, es la única autoridad en la materia con posibilidad de garantizar la paridad horizontal en los órganos unipersonales, como son las gubernaturas. La magistrada Janine M. Otálora Malassis será la encargada de elaborar el proyecto de resolución en los cuatro casos.
Anayeli García Martínez | Cimacnoticias
