- Se debe fortalecer a los órganos garantes tanto en el marco constitucional como normativo, para garantizar su funcionamiento en contextos de emergencia: comisionada del INAI
- Necesario, buscar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía supervisar la manera en que se ejercen los recursos públicos durante la emergencia sanitaria
En las leyes de acceso a la información y protección de datos se deben establecer criterios sobre cómo ejercer y garantizar ambos derechos en un contexto de emergencia sanitaria o desastres naturales, señaló Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“Considero relevante y recomendable que desde los organismos garantes busquemos consolidar una legislación que pueda señalar los elementos a considerar en los casos de desastres naturales o emergencias de cualquier índole, con la finalidad de asegurar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información en contextos de emergencia”, señaló durante el 5º Foro Internacional de Protección de Datos y Acceso a la Información, organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
Al participar en el panel “Estrategias de transparencia y rendición de cuentas post COVID-19”, Román Vergara indicó que es necesario el fortalecimiento de los órganos garantes, tanto en el marco constitucional como normativo, que permita su funcionamiento y capacidad en el ejercicio de sus competencias a fin de garantizar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
Respecto a la transparencia del gasto e inversión pública durante la pandemia, indicó que la propia normativa de emergencia, o la que se aplique de manera habitual, debe incorporar en las medidas que se establezcan como requisitos la transparencia y la rendición de cuentas sobre las compras públicas que se efectúen en este contexto.
La comisionada señaló que la emergencia sanitaria apresuró el cambio hacia un gobierno electrónico. “La realidad que nos ha traído ahora la pandemia, por supuesto que ha acelerado la transformación de la administración pública de un gobierno de papel a un gobierno digital, hemos ahora hablado de gobierno electrónico, lo hemos diferenciado inclusive del gobierno abierto”.
Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), consideró necesario buscar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía supervisar la manera en que se ejercen los recursos públicos durante la emergencia sanitaria, así como la instrumentación de un programa de auditorías emergentes, que le asegure a la población que se realiza un buen manejo de éstos.
“Es también muy importante, en estos estados de pandemia, cuidar el gasto lo más que se pueda, porque el gasto es poco y la necesidad es mucha. Entonces, hemos pensado en que se deben establecer y se han establecido micrositios tanto a nivel de los entes federales, como de otras instancias que deben dar información de estos temas en las entidades federativas y los municipios”, señaló.
En el panel también participaron Gloria de la Fuente González, presidenta del Consejo para la Transparencia de Chile; Eduardo Luna Cervantes, director general de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú, y Eva Abaid Yapur, comisionada del Infoem, en calidad de moderadora.
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