Montesquieu enarboló en uno de sus libros fundamental, El espíritu de las leyes, la idea de la división de poderes como forma de controlar a la cosa pública, después de analizar los diferentes regímenes donde el poder se ejercía de mejor forma, llegó a la conclusión que esta idea de transformar al rey en tres funciones (ejecutiva, legislativa y judicial) permitía mejorar la res pública en beneficio de los ciudadanos. No por nada, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano señaló: “Artículo 16.- Toda sociedad en la cual la garantía de derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene Constitución”.
En el siglo XX se fortaleció la división de poderes con un nuevo componente: los organismos constitucionales autónomos (OCA’s) que se gestaron bajo la idea de arrebatar a los tradicionales poderes, principalmente al ejecutivo, tareas cuya neutralidad era urgente pues el ejercicio histórico había demostrado que era necesario quitarlas justamente para darles mayor sustrato, certeza y por ende mejorar y controlar aún más el poder. Cuestiones como la política financiera, las elecciones, el conteo, había sido manoseadas por los ejecutivos y legislativos, principalmente en aras de un populismo, de quedar bien con el elector.
En México, con el objetivo de que la educación universitaria estuviera alejada de las ideologías políticas, se crearon las universidades como primeros entes autónomos; en los noventa nace el INE y a partir de ahí, con alternancia y pluralidad en las cámaras legislativas, aparece una pléyade de OCA’s en el texto constitucional: Instituto Nacional de Acceso a la Información, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Inegi, Fiscalía General de la República, Comisión Federal de Competencia Económica, por mencionar a los principales. Sin embargo, también se crean otros organismos cuasi-autónomos, como el ente de fiscalización superior, el Consejo de la Judicatura, los tribunales electorales locales, los tribunales agrarios, el mecanismo nacional de prevención de la tortura, entre otros.
¿Muchos o pocos autónomos? Ciertamente es momento de poner a revisión los OCA’s no con la finalidad de desaparecerlos, sino mejorarlos. En principio de cuentas, es necesario citar las ideas de Diego Valadés, en una excelente entrevista en Canal Once (https://www.youtube.com/watch?v=q-5I30R80vg) señaló que es fundamental imponer regulaciones por los parlamentarios sobre los organismos autónomos, pues la ausencia actual es un disparate, en todo sistema democrático, los representantes del pueblo son los últimos controles del poder. En aquella entrevista parecía que el constitucionalista no estaba muy a favor de los OCA’s, sin embargo, a raíz del debate que se dio con la declaración del presidente de la república en torno a desaparecerlos, el también investigador de la UNAM, twitteó: “El debate sobre los órganos constitucionales autónomos está llevando a exageraciones: no son perfectos pero tampoco inútiles. Requieren ajustes para corregir excesos y deficiencias. Deben ser revisados con seriedad, no con dogmatismo.”.
Las críticas a los autónomos ahí han estado y tienen que ver principalmente con su diseño jurídico, sus finalidades, y por supuesto con el hecho de que los partidos hacen concertaciones de sus cargos, esto último es lo más difícil de evitar, pero creo que hay un muy buen ejemplo de cómo abatirlo o al menos disminuirlo y es la forma en que se elige a los consejeros del INE, cuyo proceso atraviesa por distintas fases que incluyen exámenes de conocimientos. Tal vez este es uno de las principales necesidades, pensemos por ejemplo cómo, hoy en Aguascalientes, ninguno de los mecanismos de nombramiento de los titulares de los OCA’s contempla superar algún test de conocimientos.
Pedro Salazar Ugalde en un excelente artículo Las demasiadas autonomías (https://www.nexos.com.mx/?p=18380) hace una crítica fundamental, y que se refiere a la falta de coherencia entre ellos: “más allá de la autonomía compartida, son muy distintos: algunos son órganos de garantía de derechos, otros, instancias de control del poder, unos más, autoridades regulatorias, técnicas, punitivas o de investigación. Además, unos brindan servicios a los gobernados, otros actúan ante al Estado y unos más gestionan áreas de operación de los llamados poderes privados”. Sin embargo, lo cierto es que todos ellos disminuyen el poder de un presidente que ejerce casi un 80% del total del presupuesto del país; los OCA’s no pueden desaparecer, tienen que ser mejorados, principal y fundamentalmente las formas en que se elige a sus titulares.
