APRO/Gloria Leticia Díaz
Seis personas, familiares de víctimas de desapariciones, feminicidios, tortura y otras graves violaciones a derechos humanos, se desangraron fuera de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) para visibilizar la falta de acceso a la justicia, así como a una reparación integral adecuada.
Desde la mañana del lunes y hasta las seis de la tarde, Laura Kabata, Ana María Álvarez, Leticia Vélez Guzmán, Flora Marcelo Rojas, Guadalupe Montserrat Rojas Hernández y una persona que prefirió se reservase su nombre, trasladaron la protesta que mantienen a las afueras de la Secretaría de Gobernación a la oficina de la ONU-DH.
En entrevista, Laura Kabata explicó que decidieron acudir a las oficinas del organismo ante la falta de atención en los casos y a que, desde enero de este año, algunas de las víctimas y sus familias dejaron de recibir la compensación para alimentación y vivienda que cada mes se destinaba a quienes estaban inscritos en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi).
“La única persona con la que hablamos fue con el vigilante, que nos dijo que no había nadie en la oficina y que todos estaban trabajando en sus casas; decidimos permanecer en espera de que alguien llegara, pero a las cuatro de la tarde, volvió a salir el vigilante para decirnos que le dejáramos un pliego petitorio y que él lo entregaría al responsable de la oficina”, contó Kabata.
Agregó que las familiares de víctimas no estaban preparadas con equipo para escribir sus demandas, por lo que decidieron entregarlas más tarde, con la intención de que la demanda principal de atención sea atendida.
Dijo que desde que desapareció el Fideicomiso de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), que era administrado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a finales del año pasado, no se han podido establecer los nuevos lineamientos de operación, lo que ha impedido que las víctimas y sus familiares concluyan sus procesos de reparación de daño.
Explicó que, en su caso, su hijo fue víctima de tortura y de graves violaciones a derechos humanos, que fueron motivo de una recomendación de la CNDH, la 38VG/2000, por hechos atribuibles a miembros del Ejército Mexicano ocurridos en 2009, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
“Durante años estuvimos exigiendo justicia, mi hijo y yo fuimos amenazados en varias ocasiones por nuestra exigencia, hasta nos tuvieron que poner escolta, y fue un escolta quien me informó que, ante la situación económica tan grave, debería solicitar el apoyo de la CEAV, eso fue en 2019, pero antes de eso, nadie nos había dicho que teníamos derecho a acceder a esos recursos”, dijo Kabata.
Agregó que desde que desapareció el FAARI, los familiares de víctimas viven en la incertidumbre, porque a partir de este año dejaron de percibir los fondos de asistencia, y no tienen claridad en qué autoridad es la responsable de reparar los daños causados por los abusos sufridos.
Kabata puso como ejemplo que, en un principio, se le había informado que sería a CEAV la institución responsable de cubrir la reparación integral, después se le informó que era la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y recientemente que sería la CEAV, sin que hasta el momento tenga claridad sobre el procedimiento.
“Entendemos que hubo muchos abusos por parte de familiares y que hubo malos manejos en CEAV, pero por unos estamos pagando las verdaderas víctimas que hemos perdido todo por buscar justicia”, apuntó.
Kabata destacó que hay una preocupación especial por parte de familiares de desaparecidos, ya que los fondos que antes se destinaban para las búsquedas, ya no están siendo entregados a los colectivos de familiares de víctimas, por lo que muchas familiares exigen los apoyos para seguir buscando.
Después de permanecer varias horas escribiendo consignas con sangre en cartulinas, las personas que protestaron fuera de las instalaciones de la ONU-DH decidieron regresar al plantón que tienen instalado en la Segob.
