- Quienes se conecten ilegalmente al servicio del agua podrían ser multados hasta con 28 mil pesos
- Clandestinaje afecta el servicio a los vecinos y pone en peligro la infraestructura de la concesionaria
Clandestinaje del agua ha aumentado mucho durante los últimos meses, afectando así el servicio para los demás vecinos y poniendo en peligro la infraestructura del servicio, informó la concesionaria Veolia.
Es mucho el trabajo que se debe de hacer para llevar agua a los hogares. La extracción de agua, el análisis topográfico de los lugares para así implementar el equipo técnico adecuado e incluso la instalación hidráulica representa un gasto muy fuerte para las autoridades encargadas. Por ese motivo, las tomas clandestinas de agua afectan gravemente la operación del servicio.
“El clandestinaje ha crecido mucho en los últimos meses, tenemos identificadas algunas zonas en donde se reincide más, tanto en la zona oriente como en el sur, donde a pesar que los vecinos reportan se vuelven a conectar como puedan”, comentó Daniel Menéndez, vocero de la Veolia.
Advierte que estas prácticas ponen en riesgo el suministro de agua de otros vecinos pues pueden dañar la tubería central o el medidor generando fugas que a la vez ocasionan que el agua pierda presión y elevando la facturación de los predios vecinos.
La regidora Reyna Cristina Espinoza Vázquez, presidente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en el municipio de Aguascalientes, comentó que este problema ha afectado profundamente a Cumbres III donde las ladrilleras al conectarse clandestinamente impiden que los vecinos puedan tener agua con la presión que debería tener.
El vocero comentó que la concesionaria no está facultada para emitir una sanción por estos hechos, pero estos reportes se pueden hacer ante la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (Ccapama) para que puedan atender esta situación.
La Ley de Agua del Estado de Aguascalientes establece que quienes hagan este tipo de tomas podrían ser acreedores de una multa que va desde mil 400 a los 28 mil pesos, según el salario mínimo vigente.
