APRO/Rosa Santana
En tres décadas, desde que entró en vigor la reforma a la Ley Agraria impulsada en 1992, en el salinato, más de medio millón de hectáreas de terrenos ejidales se privatizaron sólo en la península de Yucatán.
En su estudio Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán, publicado por Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C., Gabriela Torres-Mazuera, Sergio Madrid y Raúl Benet desmenuzan los mecanismos que permitieron que esas vastas superficies ejidales pasaran a propiedad privada.
En 30 páginas, los autores exponen cómo las instancias de seguridad jurídica privilegian al sector empresarial, lo que aunado al uso fraudulento de la Ley Agraria por parte de una “mafia agraria” integrada por funcionarios y empresarios facilitó la apropiación de tierras de uso común, parcelas ejidales y terrenos nacionales en detrimento de los campesinos de la región.
Según el documento, desde que se reformó la Ley Agraria, en 1992, hasta mayo de 2019, en Campeche, Yucatán y Quintana Roo 22 mil 660 parcelas, que en conjunto suman una superficie de 192 mil 600 hectáreas de terrenos ejidales, dejaron de ser de propiedad social para convertirse en propiedad privada.
Además, 355 mil 304 ha. de tierras de uso común ejidal fueron parceladas en la región y apropiadas por diversos actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial.
De igual manera, “otra superficie considerable” de terrenos pasó a manos privadas. Aunque los investigadores no la pudieron cuantificar dada la falta de documentación oficial.
“La incorporación al mercado de grandes superficies de tierras ejidales que tendrán como destino el desarrollo urbano, turístico, energético o agroindustrial ha sido promovido por una ‘mafia agraria’ con capacidad económica suficiente para sortear restricciones legales, entre las que destacan el parcelamiento de tierras de uso común con cubierta forestal, que por ley son inalienables”, afirma Torres-Mazuera.
En el estudio se señala que la conversión a dominio pleno, es decir propiedad privada individual, “tanto de parcelas ejidales certificadas como de los terrenos nacionales, así como el parcelamiento de tierras de uso común, son procesos de privatización y mercantilización, y en muchos casos, de despojo de las tierras de propiedad social y pública”.
Tales despojos son promovidos “de manera muy activa por diversos actores, entre los que destacan aquellos pertenecientes al sector empresarial que son parte de una ‘mafia agraria’ que actúa coordinadamente para apropiarse de dichas tierras a fin de apoderarse de tierras de gran valor comercial”.
Las estrategias
En su análisis, los autores detallan las estrategias de apropiación y acumulación de las tierras ejidales en la Península de Yucatán, a partir de un conjunto de casos ampliamente documentados.
Entre los procesos de privatización ejidal mencionan el programa Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares), que abrió al mercado las tierras de los ejidos que aceptaron parcelar sus tierras, incluidas las reservas forestales, lo que “debilitó la gobernanza comunitaria y facilitó la venta de los terrenos nacionales”.
También influyó el “creciente proceso de parcelamiento de tierras de uso común en los ejidos”.
Además, la operación de la ‘mafia agraria’, que involucra a funcionarios de la Procuraduría Agraria, los gobiernos estales y empresarios, “que lograron un inusual aumento de cambios de destino de tierra y procesos de parcelamiento a través de asambleas ejidales que fueron rápidamente inscritas en el Registro Agrario Nacional (RAN).
Lo anterior, “gracias a lo cual ejidos de enorme valor comercial se privatizaron: Isla Holbox, Península Holbox, Tulum, Playa del Carmen, entre muchos otros”.
Otros procesos identificados en la investigación son la creación de nuevos asentamientos humanos para evadir las restricciones de la Ley Agraria y el dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la división de ejidos “para crear nuevos núcleos agrarios como simulación legal de la venta de tierras de uso común”.
También se señalan “los contratos de usufructo por hasta 60 años para proyectos privados de generación de energía, firmados sin asesoría legal para los ejidos, sin las formalidades especiales establecidas por ley, y de manera desventajosa e incluso sin consulta de por medio”.
En tales contratos, “las empresas eólicas y solares recurren a intermediarios, que son quienes hacen los contratos y elaboran las manifestaciones de impacto ambiental”.
Otros factores son la creación de Sociedades de Producción Rural, con las que los grandes productores de cerdos y aves acceden a las tierras ejidales y la expropiación de tierras, “mecanismo utilizado por los gobiernos para impulsar el desarrollo de megaproyectos”.
El estudio también analiza el impacto de esos procesos de privatización en las comunidades.
“Si bien, algunos ejidatarios han participado y avalado estos procesos, el control empresarial abusivo ejercido por la mafia agraria entre 2012 y 2018 comenzó a generar molestia, por lo que a partir del año 2016 comenzaron a surgir resistencias y conflictos al interior de los ejidos frente a la venta desmedida de tierras”.
Dicha resistencia deviene no solo de parte de los propios ejidatarios, sino también de los habitantes de los núcleos agrarios sin derechos agrarios, quienes pierden sus medios de vida con la continua privatización de las tierras.
Los investigadores concluyen que, ante la problemática, es necesaria una respuesta “contundente, bien articulada en una nueva política nacional agraria por parte del gobierno actual” para frenar a la mafia agraria y revertir los procesos ilegales de privatización de las tierras de uso común ejidal y fortalecer a los núcleos agrarios y su gobernanza interna.
