La reforma a la Ley de Industria Eléctrica ha sido objeto de polémica. Muchas empresas y grupos han tomado incluso medidas legales para tratar de frenar sus efectos, ya que fue recientemente aprobada por el poder legislativo. Por lo pronto, el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa sentenció la suspensión definitiva de esta ley, al menos hasta que se resuelvan los juicios de amparo que están en trámite.
Quienes solicitaron el amparo fueron las compañías Parque Solar Orejana y Eoliatec del Pacífico, que lo hicieron luego de la publicación del decreto de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Esta modificación tendría por propósito fortalecer el papel de la Comisión Federal de Electricidad en la generación y abastecimiento de la energía eléctrica en el país, sin embargo no ha sido bien recibida por todos los sectores
El razonamiento detrás de esta suspensión es evitar un beneficio a las empresas que solicitaron el amparo, pues de hacer la suspensión de forma particular se estarían perjudicando los principios de libre competencia, afectando el desarrollo de la industria y perjudicando a las compañías que estén en la misma posición. No solo eso, sino que se estima que las afectaciones podrían llegar también a las y los consumidores y al medio ambiente.
La suspensión definitiva tiene efectos generales y estará vigente hasta que se realice la audiencia constitucional para determinar si el amparo será concedido. Sin embargo, puede llegar una impugnación a esta decisión, lo que llevaría el caso al otra instancia jurídica. De la misma forma, podría ocurrir que se hagan algunas adecuaciones a la norma, por lo que tendría que volver a ser presentada en el Congreso.
Las posturas a favor de esta reforma argumentan que se ha privilegiado la llegada de empresas trasnacionales privadas, las cuales han recibido beneficios por el marco legal vigente desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esto ha provocado que la CFE se debilite, puesto que no ha recibido suficiente apoyo ni inversión.
Por otro lado, hay quienes consideran que esto desincentivará el desarrollo de energías limpias, además que afectará la inversión de entidades privadas perjudicando así la libre competencia. Esto, según sus argumentos, traerá un peor servicio eléctrico y también precios finales más elevados.
